En el contexto del proceso electoral, el diputado Hamlet García Almaguer (Morena) informó que el Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) colaborarán con los estados cuyas policías locales no cuenten con los recursos suficientes para garantizar la seguridad de los candidatos locales.
Según el esquema de protección delineado por el Instituto Nacional Electoral (INE), las fuerzas armadas y la SSPC se encargarán de resguardar a los candidatos a gubernaturas, la Cámara de Diputados y el Senado que así lo soliciten. Por otro lado, la seguridad de los aspirantes a alcaldías y diputaciones locales será responsabilidad de los gobiernos estatales.
García Almaguer instó a cada gobernador a evaluar la capacidad de sus cuerpos policiales para atender las solicitudes de seguridad de los candidatos locales. En caso de insuficiencia, podrán solicitar la asistencia de las fuerzas federales.
En palabras del diputado: “Yo creo que en ese diálogo se tendría que desarrollar una estrategia, para que cada gobernador diga cuántos elementos tiene disponibles para proteger candidatas y candidatos, y a partir de eso hacer un mapeo, y donde no alcancen las fuerzas locales, ver la manera de cooperar con fuerzas federales, pero de inicio, el sistema debe ser solidario, también los gobiernos de los estados deben participar”.
Subrayó la importancia de la solidaridad y cooperación entre las autoridades locales y federales para garantizar la integridad de los candidatos en todo el país. Además, destacó las disparidades en recursos policiales entre entidades, señalando casos como el de Jalisco, que cuenta con solo cuatro mil oficiales estatales para una población de 8.3 millones, en comparación con la Ciudad de México, que dispone de 40 mil policías locales para una población de 8.9 millones.
Este enfoque busca asegurar la participación democrática en condiciones de seguridad para todos los candidatos, independientemente de su ubicación geográfica y los recursos disponibles en cada entidad. La coordinación entre autoridades estatales y federales será fundamental para garantizar un proceso electoral transparente y libre de riesgos para los aspirantes.
