La tranquilidad de las comunidades inmigrantes en el Condado de Kern, California, se ha visto sacudida en los últimos días tras una serie de redadas llevadas a cabo por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP por sus siglas en inglés). En distintos puntos de esta región agrícola—ubicada a unos 180 kilómetros al norte de Los Ángeles—se han documentado detenciones de decenas e incluso cientos, de personas de origen latino, muchas de ellas trabajadoras del campo. Estas acciones, aseguran defensores de los derechos de los migrantes, se dan a pocos días de que el presidente electo Donald Trump retome el poder, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles deportaciones masivas.
Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), las operaciones son “arrestos selectivos para desmantelar organizaciones criminales transnacionales”. Sin embargo, testigos y activistas han expuesto que la forma de proceder de los agentes parece apuntar a controles migratorios indiscriminados.
Organizaciones como United Farm Workers (UFW) sostienen que en apenas dos días, al menos 192 personas fueron detenidas en distintos puntos de Kern, aunque se teme que la cifra sea más alta. Algunas de estas personas habrían sido trasladadas al Centro de Detención Golden State Annex o a instalaciones en el condado Imperial, cerca de la frontera con México.
La situación ha provocado una ola de temor en la comunidad. El líder jornalero Luis Magaña, coordinador de Trabajadores Agrícolas de California (OTAC), aseguró que estos operativos recuerdan épocas trágicas de la historia migratoria en Estados Unidos. “El terror entre la gente está vigente porque los agentes siguen en la zona. Hay reportes de decenas de personas que no logramos ubicar en ningún centro de detención y están básicamente desaparecidas”, señala. Magaña también menciona que la presencia visible de la Patrulla Fronteriza—con vehículos oficiales y uniformes—es poco común en la región, pues en el pasado se conducían de manera más discreta.
Por su parte, la organización UFW publicó en su cuenta de X (antes Twitter) que algunos de sus miembros han sido detenidos mientras se dirigían a sus hogares después de trabajar en el campo. “Acciones aleatorias como esta no están destinadas a mantener a nadie a salvo; están destinadas a aterrorizar a la gente trabajadora”, se lee en su mensaje.
Antonio De Loera-Brust, director de comunicaciones de UFW, apuntó que jamás había visto un operativo tan abierto y agresivo en la zona central de California, un corredor agrícola donde residen muchas familias latinas de escasos recursos, incluidas comunidades indígenas mexicanas que no hablan ni inglés ni español.
Testimonios inquietantes
La voz de alarma también proviene de testigos como Sarah Fuentes, gerente de una estación de servicio en Bakersfield, quien compartió fotos y videos en los que se observa a agentes, algunos vestidos de civil, interrogar y detener a varias personas. “Es gente que llega a comprar gasolina o un refrigerio, y de pronto los separan sin mayor explicación. No tienen ninguna orden visible”, denunció.
Fuentes relata que en un caso vio a una mujer que optó por encerrarse en su automóvil mientras un civil, presuntamente vinculado a la Patrulla Fronteriza, tocaba su ventana y le exigía salir. “Cuando ella se negó, llegó una camioneta de la Patrulla y le bloqueó la salida. La dejaron ir sólo cuando llegó la prensa local”, aseguró.
En otro testimonio, un individuo que se encontraba llenando el tanque de gasolina indicó que le colocaron púas en las llantas para evitar que saliera. Además, vio cómo agentes detenían a un grupo de siete personas que almorzaban cerca de ahí.
Reacciones de autoridades y organizaciones
Karen Goh, alcaldesa de Bakersfield, confirmó que la policía local está al tanto de estas operaciones, pero aclaró que no colabora con las autoridades federales debido a las restricciones estatales vigentes que prohíben el uso de recursos locales en la ejecución de las leyes federales de inmigración. “Si un residente es víctima de un delito y necesita ayuda, puede llamar a nuestra policía, independientemente de su estatus migratorio”, puntualizó la edil.
Mientras tanto, la ACLU del sur de California, a través del abogado Oliver Ma, sostiene que ha recibido “múltiples informes de agentes que se presentan en comunidades de trabajadores agrícolas y zonas públicas, deteniendo gente al azar sin mostrar órdenes ni justificación específica”. Organizaciones civiles como la Red de Respuesta Rápida y la propia UFW se mantienen en alerta para brindar asesoría legal y acompañamiento a familiares que buscan información sobre sus seres queridos detenidos.
Trasfondo político
Aunque el CBP insiste en que se trata de operativos puntuales contra el contrabando, líderes de la comunidad y defensores de migrantes ven en estas acciones un gesto político ligado a la inminente toma de posesión de Donald Trump, quien ha prometido la “mayor deportación de migrantes irregulares en la historia” del país. Muchos se preguntan si estas redadas son un anticipo de la política migratoria estricta que se avecina.
Para el activista Luis Magaña, las autoridades federales se están preparando para materializar las promesas del nuevo presidente. “Desde hace 20 años no veíamos redadas con tal despliegue, y ahora no hay tantas cosechas activas, así que no temen un impacto inmediato en la producción agrícola. Puede ser una jugada para ganar apoyo de sus seguidores más duros antes del cambio de gobierno”, señala.
El Valle Central de California, tradicionalmente demócrata, ha experimentado en los últimos años un crecimiento del voto republicano que ha permitido el ascenso de políticos alineados con Trump. De acuerdo con diversos observadores, esa es otra pieza que podría facilitar la colaboración entre las autoridades federales y los gobiernos locales más conservadores, a pesar de las leyes de santuario existentes en el estado.
Hasta el momento, las organizaciones sociales y los familiares de los detenidos siguen sin respuestas claras sobre las condiciones de retención ni el número real de personas aprehendidas. Mientras tanto, en gasolineras, paradas de autobús y tiendas de autoservicio de ciudades como Lamont, Arvin y Taft, las familias advierten a amigos y conocidos que eviten salir si no es estrictamente necesario. El ambiente en las calles es de zozobra y tensión, con la sombra de nuevas redadas a la espera de la próxima presidencia.
El mensaje que predomina en las organizaciones de defensa de los migrantes es claro: informarse, conocer los derechos básicos, tener a la mano los contactos de abogados y de redes de apoyo. Sin embargo, la sensación de desprotección no cesa y crece el temor de que lo ocurrido en Kern sea apenas el primer capítulo de una política migratoria endurecida, lista para detonar a la par del nuevo gobierno que está a punto de iniciar.
