En un nuevo capítulo de tensiones fronterizas, el Departamento de Seguridad Pública de Texas ha intensificado las inspecciones a camiones de carga que cruzan desde México, específicamente de Ciudad Juárez, Chihuahua. Estas medidas, reinstauradas desde el 27 de abril, buscan abordar lo que el gobierno de Texas describe como una “crisis migratoria”, pero han provocado significativas demoras en el tránsito de mercancías, impactando adversamente el comercio bilateral.
El escrutinio elevado en los cruces fronterizos afecta principalmente a cuatro puntos de entrada: San Gerónimo, Córdova, Zaragoza y Guadalupe. Según Manuel Sotelo, vicepresidente de la Región Norte de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), el 70% de las mercancías que cruzan a Estados Unidos por esta frontera lo hacen por Zaragoza. Las demoras resultantes están generando una acumulación diaria de mercancías valoradas en millones de dólares y afectan a miles de camiones y sus cargas.
Desde el inicio de estas medidas, se han detenido cerca de mil 344 camiones, con un impacto económico calculado en más de 87 millones de dólares en mercancías que no pudieron cruzar a tiempo. Los productos afectados incluyen componentes de la industria manufacturera, electrodomésticos y autopartes, esenciales para diversas cadenas de suministro en ambos países.
La situación ha escalado a niveles que preocupan a diversos sectores económicos y políticos en Estados Unidos. Senadores y representantes de estados clave han expresado su preocupación sobre las consecuencias económicas y han instado al Departamento de Transporte a reconsiderar estas medidas. Argumentan que estas revisiones perjudican no solo la economía de Texas sino también la dinámica comercial y laboral de múltiples estados norteamericanos que dependen del flujo constante y eficiente del comercio fronterizo.
Este aumento de las inspecciones no es nuevo y parece responder a dinámicas políticas, especialmente ligadas a tiempos electorales tanto en Estados Unidos como en México. A pesar de las justificaciones de seguridad pública por parte de Texas, las implicaciones para el comercio son profundas y podrían tener efectos a largo plazo en la relación comercial entre los dos países si no se encuentra una solución pronta.
Las autoridades y empresas afectadas están buscando alternativas para minimizar los impactos, como ajustar los horarios de operación de los puentes fronterizos y explorar rutas alternativas para el transporte de mercancías. Sin embargo, la solución definitiva parece requerir una negociación más amplia entre los gobiernos de México y Estados Unidos para asegurar que las políticas de seguridad fronteriza no obstaculicen el intercambio comercial vital para ambas naciones.
