Si usted se creía ese cuento de que la corrupción se acabó en el sexenio de López Obrador, ahora resulta que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha identificado inconsistencias significativas en el manejo de recursos federales durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos. Según el informe de la ASF, entre 2019 y 2023, se registraron faltantes y daños a la Hacienda Pública por un monto aproximado de 3 mil 901 millones de pesos.
El informe detalla que en el primer año de gestión de Cuauhtémoc Blanco, las irregularidades se concentraron en el rubro de apoyos y participaciones a entidades federativas y municipios. Además, se encontraron inconsistencias en áreas como salud, infraestructura y atención a emergencias y desastres naturales.
En la auditoría 2019-A-17000-19-0921-2020, se detectaron faltantes por mil 851 millones 363 mil 369 pesos en Participaciones Federales a Estados. La ASF revisó una muestra de 8 mil 048 millones de pesos, representando el 91.2% de los 8 mil 823 millones transferidos a Morelos.
El informe indicó que el Gobierno del Estado de Morelos incurrió en inobservancias a la normativa, principalmente en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, generando un probable daño a la Hacienda Pública por 859 millones 765 mil 100 pesos, lo que representa el 10.6% de la muestra auditada. Además, quedaron pendientes de aclarar 991 millones 598 mil 300 pesos.
2020-2023: Los faltantes también se extendieron a los siguientes años. En 2021, la auditoría 2021-A-17000-19-1194-2022 reveló que el gobierno de Blanco no pudo justificar el uso de 302 millones 269 mil pesos transferidos por la Federación. La ASF señaló infracciones a diversas normativas federales, incluyendo la Constitución y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
En 2022, la auditoría 2022-A-17000-19-1248-2023 destacó un monto no aclarado de 888 millones 018 mil pesos en Participaciones Federales a entidades. Se revisó una muestra de 8 mil 612 millones de pesos, representando el 79.7% de los recursos asignados al gobierno estatal. El probable daño a la Hacienda Pública Federal fue de 736 millones 946 mil 800 pesos, con solicitudes de aclaración por 151 millones 071 mil 800 pesos, el 10.3% de la muestra auditada.
Repercusiones en Diversos Sectores
El informe de la ASF también señala que en el sector salud, entre 2019 y 2022, el probable daño a la Hacienda Pública superó los 328 millones 252 mil pesos. En el ámbito de la educación tecnológica y de adultos, el perjuicio ascendió a 51 millones 394 mil pesos. Las observaciones comunes en estos sectores incluyen la transferencia de recursos a cuentas bancarias no identificadas, lo que deja el destino de diversos montos desconocido.
La titular de la ASF, David Colmenares Páramo, enfatizó la gravedad de estos hallazgos, subrayando la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. “Es fundamental que las entidades federativas cumplan con la normativa vigente para garantizar que los recursos destinados a la población se utilicen de manera adecuada y eficiente”, señaló Colmenares Páramo.
Por su parte, el gobernador Cuauhtémoc Blanco ha mantenido una postura de defensa frente a las acusaciones. En una conferencia de prensa reciente, Blanco afirmó: “Estamos comprometidos con la transparencia y hemos solicitado que se realicen las investigaciones necesarias para aclarar cualquier duda sobre el manejo de los recursos. No toleraremos irregularidades en nuestra administración”.
El descubrimiento de estos faltantes ha generado preocupación entre la ciudadanía y las autoridades federales. La Secretaría de la Función Pública (SFP) ha anunciado que colaborará estrechamente con la ASF para profundizar en las investigaciones y tomar las acciones legales correspondientes en caso de que se confirmen actos de corrupción o malversación de fondos.
La ASF también ha recomendado una serie de medidas para mejorar la gestión de los recursos públicos en Morelos. Estas incluyen la implementación de sistemas más robustos de control interno, la capacitación continua del personal en normativas de contabilidad gubernamental, y la adopción de mejores prácticas de transparencia y rendición de cuentas.
La detección de estos faltantes por parte de la ASF destaca la necesidad urgente de reforzar la supervisión y el control de los recursos públicos en Morelos. Mientras continúan las investigaciones, es esencial que las autoridades estatales y federales trabajen juntas para asegurar que los recursos destinados a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos se utilicen de manera eficiente y transparente.
