El sistema judicial mexicano proximamente entrará en vigor y con ello, habrá un cambio histórico. Con la reciente aprobación de la Reforma Judicial, avalada por 23 congresos locales, los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir a jueces, magistrados y ministros mediante voto popular.
Este cambio, que ha generado tanto entusiasmo como críticas, se implementará en dos etapas,, y aquí te explicamos cómo será el proceso de selección y qué significa este cambio para el futuro de la justicia en México.
Nevo paradigma en la elección de jueces
Hasta ahora, los jueces y magistrados eran designados a través del Consejo de la Judicatura Federal, el cual evaluaba los méritos y capacidades de los aspirantes a estos cargos, pero con la nueva reforma, esta tarea pasará a manos de la ciudadanía, que elegirá directamente a quienes estarán a cargo de la impartición de justicia. Este proceso se desarrollará en dos etapas: la primera en 2025 y la segunda en 2027, coincidiendo con las elecciones intermedias.
En la primera jornada electoral, el 1 de junio de 2025, se seleccionarán a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cinco integrantes del nuevo Tribunal de Disciplina, dos magistrados para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 integrantes de las salas regionales, y la mitad de los magistrados de Circuito (450) y jueces de Distrito (380). La segunda mitad de jueces y magistrados será elegida en 2027, completando así la renovación del Poder Judicial.
Pasos a seguir en el proceso de selección
El proceso de selección de los candidatos comenzará con la emisión de una convocatoria por parte del Senado de la República. Esta convocatoria, que deberá publicarse 30 días después de la entrada en vigor de la reforma, abrirá el camino para que los aspirantes a jueces, magistrados y ministros presenten sus candidaturas.
Una vez emitida la convocatoria, cada uno de los tres poderes de la Unión (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) creará un comité de evaluación que será responsable de analizar los perfiles de los aspirantes. Estos comités se encargarán de seleccionar a los diez mejores candidatos para cada puesto en la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina y la Sala Superior del TEPJF, así como a los seis mejores para los tribunales de Circuito y de Distrito. Los listados de candidatos serán reducidos mediante un proceso de insaculación pública, es decir, un sorteo que seleccionará a tres candidatos por cargo en la SCJN y dos para los tribunales inferiores.
Los jueces, magistrados y ministros que actualmente se encuentran en funciones tendrán la opción de postularse para la reelección mediante un “pase automático” si así lo desean, evitando el proceso de evaluación inicial.
Papel del Senado y del INE en la elección
El Senado será la institución encargada de enviar las listas definitivas de los candidatos al Instituto Nacional Electoral (INE) antes del 12 de febrero de 2025. El INE tendrá la responsabilidad de organizar las elecciones, imprimir las boletas y asegurarse de que el proceso electoral sea transparente y accesible para todos los ciudadanos.
Este proceso de selección de candidatos y la participación ciudadana en las urnas son los pilares de la reforma, que busca democratizar el sistema judicial, sin embargo, no han estado exentos de controversias. Algunas voces señalan que este método podría politizar la impartición de justicia y comprometer la independencia de los jueces, mientras que otros lo ven como un paso hacia la verdadera soberanía del pueblo sobre las instituciones públicas.
¿Cómo será la boleta electoral?
El pasado 20 de agosto, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó un ejemplo de la boleta que se utilizará en las elecciones judiciales. El diseño de esta boleta incluirá los nombres de los candidatos, una breve descripción de su trayectoria y las propuestas que han presentado para mejorar el sistema judicial. Este formato permitirá a los ciudadanos elegir de manera informada a los candidatos que consideren más aptos para ocupar los cargos de jueces, magistrados o ministros.
La Reforma Judicial ha sido ampliamente debatida en el ámbito político. Los promotores de la reforma, incluidos varios legisladores de Morena, destacan que este proceso es un avance democrático que permitirá a la ciudadanía participar directamente en la conformación del Poder Judicial. “Este es un paso histórico para México. Estamos devolviendo el poder al pueblo para que ellos elijan a quienes impartirán justicia en nuestro país”, afirmó Ricardo Monreal, uno de los principales impulsores de la reforma.
Por otro lado, las críticas no se han hecho esperar. Senadores de oposición y diversos expertos en derecho han expresado su preocupación por los riesgos de politización y la posible pérdida de independencia de los jueces.
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, argumentó que “la justicia no puede estar sujeta a los vaivenes de la política. Elegir a los jueces mediante voto popular puede comprometer la imparcialidad que exige su labor, ya que estarán más expuestos a las presiones del electorado”.
Desde el Poder Judicial, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) también ha manifestado sus reservas. Juana Fuentes Velázquez, presidenta de la JUFED, señaló que, aunque la reforma busca democratizar el sistema, es esencial que se garanticen mecanismos de protección para preservar la independencia de los jueces.
“Nuestro compromiso es con la justicia imparcial. Si bien apoyamos las medidas que fortalezcan la transparencia, es importante que las decisiones judiciales no se vean influenciadas por intereses políticos”, afirmó Fuentes Velázquez.
La Reforma Judicial promete transformar la manera en que se imparte justicia en México. A corto plazo, los ciudadanos tendrán la responsabilidad de elegir a quienes estarán a cargo de los tribunales, lo que podría generar una mayor participación y conciencia cívica. Sin embargo, también conlleva el riesgo de que el proceso se vea afectado por intereses políticos y mediáticos.
En el largo plazo, el éxito o fracaso de esta reforma dependerá en gran medida de cómo se implementen los mecanismos de protección para asegurar la independencia de los jueces, así como de la capacidad de los comités evaluadores para seleccionar a los candidatos más aptos para estos cargos.
