Ciudad de México, 30 de agosto de 2025.— En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada y a casi ocho años de la promulgación de la Ley General en Materia de Desaparición (LGD), las familias, colectivos y plataformas de búsqueda de México alzamos la voz para reivindicar la necesidad de una política de Estado efectiva. Para garantizar que esto ocurra hacemos un llamado al Estado Mexicano a cumplir el compromiso de abrir mesas de trabajo para la construcción de políticas públicas en los cinco ejes temáticos ya avanzados y prioritarios para las familias.
La Alianza de plataformas que firma este comunicado ha participado en diálogos con autoridades para impulsar la creación de una política de Estado que atiendan la búsqueda y la identificación forense con participación activa de las familias y recursos suficientes para enfrentar la crisis de desaparición que ha dejado más de 130,000 personas desaparecidas y más de 72,000 cuerpos sin identificar, según los datos de las propias autoridades.
Como familias buscadoras esperamos que cualquier política de estado priorice la búsqueda y localización de personas, que se contemple y promueva la participación de las familias en los procesos y que al conjuntar la capacidad técnica del Estado con la experiencia y conocimientos acumulados por las familias se consigan avances. Las herramientas técnicas y tecnológicas no solo deben ser efectivas en el cruce de bases de datos y sistemas de información; la localización, notificación e identificación de restos debe realizarse con cuidado y dignidad.
Reconocemos que, en los meses anteriores, se han abierto espacios de escucha que han permitido tener un diálogo con diversas autoridades. El sexenio anterior las familias no contamos con un espacio así. Sabemos que luchamos y buscamos de diversas formas. Todas indispensables en un país con una crisis tan grande y un rezago tan profundo. Por eso esta Alianza se plantea como un espacio abierto al diálogo y el trabajo con otras familias y colectivos que apuesten como una de sus estrategias la construcción de políticas públicas. En el marco de esta fecha conmemorativa señalamos:
1. Búsqueda: Eficiencia, Transparencia y Participación
La transparencia debe ser un eje transversal en todos los procesos. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y las comisiones locales deben operar de manera coordinada, con flujo inmediato de información y presencia activa de familias en la toma de decisiones. Esto también implica la participación activa de las familias y colectivos en reuniones periódicas del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) y en la integración de todas las comisiones operativas.
Debe de darse un fortalecimiento efectivo de las comisiones locales mediante un plan concreto y capacitación diferenciada para quienes realizan búsqueda en campo. También deben generarse esquemas y flujos de trabajo que favorezcan la coordinación y una vinculación operativa real entre la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y comisiones locales (CLBs). Esto debe de poner énfasis en generar flujos inmediatos y efectivos de información, especialmente la búsqueda en vida.
2. Datos: Interoperabilidad, Capacitación y Sanciones
El manejo de la información que implica la Plataforma Única de Identificación (PUI) representa una gran responsabilidad para el Estado y los funcionarios públicos que tengan acceso. La interconexión de bases de datos entre instituciones (conocida como interoperabilidad) debe darse a través de accesos restringidos a las instituciones que realizan acciones de búsqueda y debe de haber un registro de cada consulta. Esto último para garantizar que el uso adecuado y razonable de estos accesos, lo cual debe de complementarse con un marco que defina sanciones a autoridades que omiten o registran incorrectamente la información.
Ello representa un reto en términos de la obligatoria capacitación para el personal que alimenta, consulta y accede a los registros y debe de considerar criterios con enfoque de derechos humanos y con una mirada interseccional que reconozca las particularidades de poblaciones específicas (como personas indígenas, migrantes, LGBTI+ y otras).
3. Identificación Forense: Criterios Unificados y Colaboración
Ante el rezago forense de más de 72,000 cuerpos sin identificar queda claro que la realización del Programa Nacional de Exhumaciones es urgente y debe de contar con un presupuesto asignado suficiente para operar y contar con los recursos humanos especializados, técnicos y financieros que requiere. Para impulsar decididamente su eficacia y eficiencia, un recurso fundamental será la colaboración con instancias especializadas nacionales e internacionales.
Para reducir este rezago forense y fortalecer la identificación forense con distintos enfoques y técnicas, el personal operativo debe de obtener la capacitación técnica pertinente.
Deben existir criterios mínimos unificados en todo el país que permitan fortalecer la confianza en los procesos de identificación humana.
Para el caso particular de las personas peritas sugerimos incorporar el enfoque beyond ADN, que busca aprovechar otras evidencias biológicas y químicas presentes en una escena del crimen, que no son el ADN nuclear tradicional
4. Prevención: Enfoque en reducir la impunidad y fortalecer análisis de Contexto-
La justicia es un derecho de las familias y es la mejor forma de prevenir nuevas desapariciones. La FGR y las fiscalías estatales deben emitir un diagnóstico público sobre las causas que motivan el 99% de impunidad en casos de desapariciones forzadas y por particulares. Dicho diagnóstico debe ser transparente e incluir cuántas sentencias condenatorias han logrado, atender las causas estructurales de la impunidad.
La erradicación de las causas estructurales de la desaparición, implica que no deben de realizarse solo acciones reactivas. Para combatir en los hechos y en la percepción la impunidad es fundamental incorporar una lógica de análisis de contexto en el abordaje y resolución de las carpetas de investigación.
También consideramos útil la existencia de un diálogo continúo y directo con quienes toman las decisiones del Estado en materia de seguridad. De la misma forma es necesario que se impulsen campañas continuas contra la desaparición. Cada estrategia debe tener instituciones y presupuesto designado.
5. Designación Comisión Nacional de Búsqueda (CNB)
La designación de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda es un paso clave en la consolidación de esta nueva posibilidad. Hacer públicos los criterios que se usarán para la calificación de las personas candidatas y que llevarán a la definición de la terna y a la designación final fortalecerá la legitimidad de la nueva persona titular de la CNB.
Vemos importante que la metodología de evaluación para determinar los requerimientos de los perfiles, orientar la realización de las entrevistas y su propia valoración debe considerar un diseño participativo. Esto favorecerá una mejor ponderación de los requisitos legales y las características de idoneidad sustantivas para esta relevante responsabilidad pública.
6. Compromisos internacionales
México debe implementar las recomendaciones de organismos internacionales y reportar avances, pendientes y retrocesos con evidencia concreta, transparente y verificable. Solicitamos al Estado asumir con seriedad y respeto hacia las víctimas su colaboración con el Comité contra las Desapariciones Forzadas en todos los requerimientos que éste haga, incluyendo la información relativa al artículo 34 de la Convención.
Asimismo llamamos al Estado a prestar puntual atención al informe que publicará próximamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre desapariciones en México.
En el día internacional de solidaridad con las víctimas de desaparición forzada, el Estado mexicano debe renovar su voluntad de cumplir a cabalidad con las obligaciones internacionales que voluntariamente ha asumido a través de un mecanismo efectivo y transparente que cuente con la participación de las familias.

