El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) vive sus días más inciertos. Luego de ser uno de los siete organismos autónomos que desaparecen con la nueva reforma constitucional en materia de simplificación administrativa, el instituto enfrenta un recorte presupuestal de 70 por ciento: solicitó mil 680 millones de pesos para 2025, pero sólo le asignaron 500 millones.
La drástica reducción obligó a los comisionados a tomar decisiones dolorosas, como cancelar prestaciones, servicios especializados y proyectos esenciales para el sector de las telecomunicaciones.
A inicios de este año, los mil 300 empleados del IFT se vieron sorprendidos con el anuncio de que el comedor institucional cerraría sus puertas de manera definitiva, también se eliminó el apoyo para teletrabajo y telefonía celular, lo que impacta la operatividad cotidiana. También se suspendieron contratos de asesores y personal eventual, así como el pago de bases de datos utilizadas para definiciones regulatorias.
De acuerdo con las declaraciones de varios trabajadores, estas medidas los han dejado en la incertidumbre respecto a la continuidad de sus labores.
Las dudas sobre el destino del IFT se dispararon cuando la reforma de simplificación orgánica entró en vigor el pasado diciembre, fijando un plazo de 180 días para la transición, una vez que se aprueben las leyes secundarias. Aunque este proceso podría terminar en agosto —o incluso extenderse hasta octubre—, aún no se define con exactitud qué entidad asumirá las funciones del instituto.
Algunas voces oficiales han adelantado que la nueva Agencia de Transformación Digital absorbería tareas, mientras que otras podrían recaer en un organismo regulador de competencia, sin embargo, no existe un consenso claro.
Ante el desconcierto, el colegiado del IFT canceló proyectos como la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información, que realizaba junto con el Inegi, y dio por terminados los convenios de ProRadio, enfocados en concesiones para radios comunitarias e indígenas. Asimismo, suspendió la inversión en sistemas de planeación de espectro radioeléctrico y verificación de frecuencias, lo que amenaza la vigilancia contra emisoras clandestinas.
Si bien el artículo séptimo Transitorio de la reforma garantiza los derechos laborales de los servidores públicos, muchos trabajadores temen que la promesa se pierda en el limbo burocrático. “Estamos a la expectativa de que se respeten nuestros contratos y antigüedad”, confiesa un ingeniero del área técnica. A medida que pasan las semanas, aumenta la tensión interna: ¿quedarán sin empleo los expertos que durante años han velado por la competencia en telefonía y telecomunicaciones?
Mientras el IFT agoniza y los empleados ven mermados sus beneficios, la fecha de la disolución final se acerca sin un plan detallado sobre el traslado de funciones ni el futuro de cada puesto. La historia de este organismo, que nació para romper monopolios y acercar la tecnología a la ciudadanía, parece llegar a un desenlace marcado por la incertidumbre y el silencio gubernamental.
