Un juez federal vinculó a proceso a dos ex altos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por su presunta responsabilidad en delitos que afectaron gravemente al fisco federal por un monto aproximado de 172 millones de pesos.
Se trata de Leopoldo Carrillo Werring, ex administrador General de Auditoría Fiscal Federal, y Rubén Durán Miranda, ex administrador Central de Análisis Técnico Fiscal, quienes enfrentan acusaciones por delitos contra la administración pública, uso de documento falso y ejercicio ilícito del servicio público.
La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que la vinculación se logró tras una investigación conjunta con el SAT, enmarcada en su política de “cero tolerancia a la corrupción”. Según el comunicado emitido por la dependencia, los ex funcionarios utilizaron sus posiciones estratégicas para presuntamente orquestar un esquema que buscaba afectar los recursos fiscales en perjuicio de los contribuyentes y la hacienda pública.
“La vinculación de estos ex servidores públicos representa un avance en el fortalecimiento de la recaudación fiscal y una medida contundente para combatir la corrupción en beneficio de las y los mexicanos”, señaló la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero.
El caso forma parte de las acciones del actual gobierno para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. Las investigaciones revelaron que ambos ex mandos del SAT habrían utilizado documentación falsa y procedimientos ilícitos en el ejercicio de sus funciones para desviar recursos del erario.
En palabras de la FGR, estas medidas buscan sentar bases sólidas para el proyecto de transformación del país, con el objetivo de erradicar prácticas corruptas y proteger los intereses fiscales de México.
El proceso judicial continúa, mientras los acusados permanecen bajo observación legal. Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener una vigilancia estricta en las instituciones encargadas de la recaudación fiscal, clave para el desarrollo económico y social del país.
La FGR y el SAT reiteraron su compromiso de actuar con firmeza ante cualquier acto de corrupción que atente contra la estabilidad financiera de México y la confianza ciudadana en las instituciones.
