21 noviembre, 2024

 

El proceso de reforma del Poder Judicial en México sigue avanzando tras la reciente confirmación de la presidenta Claudia Sheinbaum, sobre la próxima emisión de la convocatoria para la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

 

A pesar de las suspensiones provisionales emitidas por algunos jueces de distrito, el Senado de la República, bajo la dirección de su presidente, Gerardo Fernández Noroña, mantiene firme su compromiso de avanzar con este proceso sin contratiempos; de hecho, el anuncio oficial de la convocatoria está programado para el 15 de octubre de 2024, lo que marca un hito en la implementación de una reforma judicial que ha generado tanto entusiasmo como controversia en diversos sectores del país.

Claudia Sheinbaum: firme apoyo a la elección de jueces

Durante su primera conferencia matutina como presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó que ha instruido a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, a coordinarse con el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República para asegurar el éxito de la convocatoria. El objetivo es garantizar que el proceso de elección de jueces, magistrados y ministros se realice con transparencia y participación ciudadana.

 

“El 15 de octubre se emitirá la convocatoria para la inscripción de todos los interesados en participar como jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte. Este es un paso fundamental para fortalecer la justicia en México”, aseguró Sheinbaum. La presidenta enfatizó que este proceso es parte integral de la reforma judicial que busca “sanear” el sistema de justicia y hacer que sea más accesible y justo para la ciudadanía.

 

Reforma que enfrenta resistencia

El proceso para reformar el Poder Judicial ha enfrentado numerosos obstáculos, entre ellos las suspensiones provisionales dictadas por jueces de distrito. Estos fallos han sido el resultado de demandas de amparo interpuestas por quienes consideran que la reforma vulnera principios fundamentales, como la autonomía e independencia judicial.

 

Sin embargo, tanto Sheinbaum como Fernández Noroña han expresado su desacuerdo con estas suspensiones. La presidenta reiteró que, en su opinión, “no hay razón para que los jueces y trabajadores del Poder Judicial estén en paro”, haciendo referencia a las protestas de jueces y empleados judiciales que se han manifestado en contra de la reforma.

 

Sheinbaum subrayó que la reforma no solo preserva los derechos laborales de los jueces y trabajadores judiciales, sino que también asegura sus salarios. “No hay justificación para el paro, sus derechos están salvaguardados. El sistema judicial necesita cambios profundos, y esta reforma es para el bien de todos”, afirmó.

Papel del Senado en el proceso electoral

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, ha sido una de las figuras más vocales en defensa del avance del proceso electoral judicial. En una reciente conferencia de prensa, declaró que las suspensiones provisionales no detendrán la emisión de la convocatoria ni el desarrollo del proceso electoral. “A pesar de las suspensiones, el primer domingo de junio de 2025 se elegirá a los jueces, magistrados y ministros mediante voto universal, secreto y directo”, aseguró.

 

Fernández Noroña también criticó a algunos jueces del Poder Judicial por lo que consideró una falta de conocimiento sobre el proceso legislativo y electoral. “Es lamentable que la impartición de justicia esté en manos de personas que no entienden el marco constitucional ni el proceso legislativo“, dijo el senador.

 

El Senado ha confirmado que la convocatoria se emitirá a tiempo, lo que permitirá que cualquier ciudadano interesado en participar en el proceso de elección de jueces y magistrados pueda inscribirse. La convocatoria incluirá los requisitos necesarios para postularse, y será responsabilidad del INE organizar el proceso electoral que culminará en las elecciones de junio de 2025.

Reacciones de los sectores judiciales y políticos

Mientras tanto, en el Poder Judicial persisten las tensiones. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) han cerrado calles en protesta por la reforma. A pesar de las manifestaciones y del paro de labores, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sigue bajo presión para entregar al Senado la información necesaria para la convocatoria, como los detalles sobre las vacancias y las renuncias de jueces y magistrados.

 

El Consejo también ha recibido la instrucción de no implementar la reforma judicial en lo que respecta a la administración de sus recursos. Este mandato forma parte de las suspensiones provisionales emitidas, que buscan evitar que la reforma avance hasta que se resuelvan las demandas de amparo presentadas en su contra.

 

A pesar de estos desafíos, Fernández Noroña ha dejado en claro que el Senado no se detendrá ante lo que considera “obstáculos burocráticos”. El senador subrayó que los recursos legales presentados por los opositores de la reforma no podrán detener el proceso electoral. “Nada detendrá la implementación de esta reforma que es necesaria para la justicia en México”, afirmó con firmeza.

Proceso histórico en el horizonte

La reforma judicial que impulsa la elección popular de jueces, magistrados y ministros es una de las transformaciones más importantes del sistema de justicia en la historia reciente de México. La idea de que los ciudadanos tengan la oportunidad de elegir a los encargados de impartir justicia ha generado un debate intenso en el país. Los defensores de la reforma, entre ellos la presidenta Sheinbaum, argumentan que este cambio hará que el Poder Judicial sea más transparente y democrático.

 

“Es un cambio profundo que permitirá a los ciudadanos tener un mayor control sobre el sistema judicial. La elección de jueces por el pueblo es algo que fortalecerá nuestra democracia y nuestra justicia”, comentó Sheinbaum.

 

Por otro lado, los críticos de la reforma señalan que la elección popular de jueces podría comprometer la independencia judicial, ya que los jueces estarían sujetos a presiones políticas. También argumentan que la reforma debilita el sistema judicial al eliminar requisitos esenciales, como la experiencia técnica, para quienes aspiren a estos cargos.