El actual gobierno de Nuevo León se encuentra bajo la mira tras acusaciones de presunta triangulación de fondos por un monto que supera los 200 millones de pesos hacia un despacho jurídico vinculado al gobernador Samuel García y su padre. La información, proveniente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), revela una compleja red de transacciones financieras entre empresas proveedoras del gobierno estatal y el despacho en cuestión.
Según los datos proporcionados por el SAT, la empresa Suministro MYR, proveedora del gobierno de Nuevo León, ha facturado cerca de 965 millones de pesos por servicios de alimentación y otros conceptos a diversas dependencias estatales desde octubre de 2021. Posteriormente, esta empresa habría facturado a otra entidad, Proveedor de Productos Mexicanos Jace, por servicios de administración corporativa, quien a su vez realizó pagos por un total de 202.9 millones de pesos al despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, del cual Samuel García forma parte, por servicios profesionales no específicamente detallados.
Las acusaciones se fundamentan en que estos pagos al despacho de García y su padre comenzaron poco después del inicio de su mandato en octubre de 2021. Además, se señala que otras compañías vinculadas también han recibido contratos millonarios del gobierno estatal, lo que ha generado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y prácticas irregulares en las contrataciones públicas de Nuevo León.
La empresa Suministro MYR, en particular, ha sido una de las principales proveedoras del gobierno emecista, facturando una considerable suma por servicios de alimentación en distintas dependencias gubernamentales. A su vez, esta empresa ha realizado transacciones con Proveedor de Productos Mexicanos Jace, que posteriormente canalizó fondos hacia el despacho jurídico mencionado.
Es importante destacar que estas acusaciones han sido objeto de atención mediática y han generado debate público sobre la transparencia y la integridad en las contrataciones gubernamentales. Desde distintos sectores se han exigido investigaciones exhaustivas para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El gobierno de Nuevo León ha respondido a estas acusaciones señalando que la información proporcionada por el SAT está siendo revisada y que se tomarán las medidas necesarias en caso de detectarse irregularidades. Asimismo, se ha reiterado el compromiso con la transparencia y la legalidad en todas las acciones administrativas.
En resumen, las acusaciones de triangulación de fondos en Nuevo León plantean serias preocupaciones sobre la integridad del proceso de contratación pública y la gestión financiera del gobierno estatal. El escrutinio público y la exigencia de rendición de cuentas son fundamentales para garantizar la confianza en las instituciones y preservar la legitimidad democrática.
