Las organizaciones, colectivos, periodistas, académicos y ciudadanos firmantes expresamos nuestra profunda preocupación por la aprobación de reformas legales que, bajo el argumento de combatir el acoso digital, vulneran directamente la libertad de expresión en México.
El caso más reciente es la llamada “Ley Armenta”, aprobada en el Congreso del estado de Puebla, que tipifica el delito de “ciberasedio” de forma ambigua, sancionando con penas de prisión a quien “insulte, injurie u ofenda reiteradamente” a través de medios digitales. Si bien reconocemos la necesidad de proteger a las personas frente a la violencia en línea, esta legislación carece de definiciones claras y genera un riesgo inminente de criminalizar la crítica, la sátira, el activismo y el ejercicio periodístico. Esta ley viola el artículo sexto constitucional al generar censura previa.
Alertamos que esta norma:
• Viola principios básicos del derecho penal como la taxatividad y la legalidad.
• Abre la puerta al uso político del aparato judicial contra voces disidentes.
• Limita el debate democrático y la libre circulación de ideas, pilares esenciales de cualquier sociedad libre.
En un país con altos índices de impunidad, violencia contra periodistas y represión selectiva, no se puede permitir que el poder público utilice el derecho penal como herramienta de intimidación.
Por ello, exigimos:
1. La revisión inmediata y modificación de la reforma al Código Penal de Puebla.
2. Un proceso legislativo transparente y con consulta pública.
3. Un compromiso real de las autoridades para garantizar y proteger el derecho a la libertad de expresión, en línea y fuera de ella.
El ejercicio periodístico no es delito. La censura previa, sí.
