Cada día es más común ver contenidos que parecen ignorar las reglas de las plataformas de streaming. Podemos ver desde tutoriales caseros, unboxings, video podcasts, capítulos de series, hasta bailes sensuales de menores de edad, peleas callejeras, maltrato verbal, actividades de riesgo, y por supuesto los famosos DIY (Hazlo tú mismo -Do it yourself-) para violar los derechos de autor de un software y poder disfrutarlo gratuitamente, entonces ¿por qué quitaron el video del presidente?
Si uno realiza una búsqueda en Google para entender las políticas de uso de esta plataforma de contenidos, podemos encontrar que:
- Lenguaje inapropiado.
- Violencia.
- Contenido para adultos.
- Contenido ofensivo.
- Actividades dañinas y contenido poco confiable.
- Contenido peyorativo o que incita al odio o a la violencia.
- Drogas recreativas y contenido relacionado con drogas.
En YouTube, se prohíbe el contenido que fomente actividades ilegales o peligrosas que puedan provocar daños físicos graves o la muerte. Si encuentras contenido que infrinja estas políticas, denúncialo. Ve a una sección específica de este artículo: Lee las Políticas sobre contenido perjudicial o peligroso completas.
No es secreto que al mandatario no le gusta que le lleven la contra, cualquier opinión diferente a la suya es catalogada como “conservadora” o “neoliberal”, por eso la controversia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cuando señaló a YouTube por eliminar una parte de su conferencia diaria en la que reveló el número telefónico de una reportera del New York Times. Esta acción desencadenó un debate sobre los límites y derechos de las plataformas digitales para controlar el contenido.
La polémica comenzó cuando López Obrador, ofendido por un reportaje del New York Times sobre presuntos vínculos de colaboradores cercanos con el narcotráfico, exhibió en una conferencia la carta de la reportera del medio estadounidense, Natalie Kitroeff, incluyendo su número de teléfono. La respuesta de YouTube no se hizo esperar, alegando que la acción violaba sus políticas de prohibición estricta contra la revelación de información personal identificable.
La posición del presidente mexicano fue clara: acusó a YouTube de censura y afirmó que la plataforma estaba en decadencia. Además, sugirió que la empresa en México podría estar influenciada por conservadores vinculados a un partido político. López Obrador no presentó pruebas de estas afirmaciones, pero reiteró su rechazo a la eliminación del video y pidió una investigación sobre los posibles intereses políticos detrás de esta decisión.
En respuesta, YouTube justificó su acción citando políticas contra el acoso y el bullying, señalando que la revelación de información personal, como un número de teléfono, viola estrictamente sus reglas. La plataforma procedió a retirar y amonestar a los canales que publicaron el video que infringía estas políticas.
La controversia plantea preguntas importantes sobre la libertad de expresión, la responsabilidad de las plataformas digitales y la delgada línea entre la moderación del contenido y la censura. ¿Tienen estas plataformas el derecho de censurar contenido que consideran violatorio de sus políticas, o esto representa una amenaza a la libertad de expresión?
Las políticas de YouTube prohíben el acoso y el doxxing, que es la revelación intencional de información privada en línea sin el consentimiento de la persona afectada. El presidente López Obrador argumenta que, por encima de estas políticas, está su “autoridad moral y política”, pero la plataforma defiende su posición, recordando que su objetivo es proporcionar un entorno seguro y respetuoso.
La discusión se intensifica con la intervención de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, que ven la acción de López Obrador como un intento de castigar al periodismo crítico y exponer a la reportera a riesgos potenciales. Además, el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) inició una investigación sobre la divulgación de los datos de la periodista.
La situación plantea un dilema crucial sobre quién debe regular y cómo la información en el espacio digital. ¿Deberían las plataformas digitales asumir el papel de guardianes de la información, protegiendo la privacidad y seguridad de las personas, o esto representa un riesgo de censura y control desmedido?
El caso también destaca la complejidad de la relación entre los líderes políticos y las plataformas digitales. ¿Deben estas plataformas ser políticamente neutrales, o tienen el derecho de tomar medidas contra contenido que consideren inapropiado o peligroso?
Mientras el debate continúa, la pregunta fundamental persiste: ¿hasta qué punto las plataformas digitales deben ejercer control sobre el contenido, y cuándo esto cruza la línea hacia la censura? La respuesta podría tener implicaciones significativas para la libertad de expresión y la dinámica entre los líderes políticos y las empresas tecnológicas en el futuro.
