Ana Buendía García, diputada de Morena, estimó conveniente establecer dicha obligación, ante los casos de agresiones a usuarios mujeres y a los propios conductores.
La comisión de Movilidad Sustentable y Seguridad Vial del Congreso de la Ciudad de México, analizará, y en su caso, aprobará la iniciativa de la diputada de Morena, Ana Buendía, que contribuye a la seguridad de las personas y, en particular, a la seguridad jurídica de quienes usan y conducen taxis privados por aplicación, al establecer la obligatoriedad de que estos vehículos cuenten con sistemas de videograbación continua.
La legisladora por Gustavo A. Madero, dijo que la reforma adiciona un capítulo al título tercero de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, para quedar como sigue: “Primero. Elevamos a la Ley de Movilidad el servicio de transporte de pasajeros privado especializado con chofer, mismo que ya se encuentra legislado en el Reglamento de dicha Ley, asimismo se homologa el artículo 57 respecto del Registro de éstos ante la Secretaría
Y en segundo término. “Se adiciona un artículo 223 Quáter, parte sustancial para establecer que los servicios de transporte de pasajeros privado especializado con chofer deben instalar y utilizar cámaras de videograbación durante sus trayectos para garantizar la seguridad de conductores y pasajeros”.
Indicó que las cámaras deberán funcionar continuamente sin obstruir la visibilidad del conductor, y las grabaciones deben almacenarse de manera segura durante 30 días, excepto si se necesitan como evidencia.
Mencionó que adicionalmente, se prevé que las plataformas de transporte deben informar a los usuarios y conductores sobre la existencia y el propósito de las cámaras, y las grabaciones solo podrán ser accesibles por autoridades competentes en casos de seguridad o investigaciones, no pudiendo ser utilizadas para otros fines sin el consentimiento expreso de las partes involucradas.
La legisladora recalcó que la videograbación de los viajes permitiría contar con evidencia visual que podría ser crucial en casos de denuncias, permitiendo una acción más rápida y efectiva por parte de las autoridades. Esta medida no solo disuadiría a los delincuentes de cometer actos ilícitos, sino que también proporcionaría una herramienta valiosa para esclarecer los hechos en situaciones de conflicto o acusaciones falsas, es decir, servirían como un apoyo fundamental para garantizar la transparencia y la justicia en el servicio de transporte privado.
Desde el surgimiento de plataformas que ofrecen servicio de taxi privado como Uber, que entró en funciones en nuestro país desde el 2013, y la marca Didi desde el 2018, más del 20% de los usuarios de transporte en la Ciudad de México los utilizaron, pero lamentablemente surgieron problemas de carácter penal que afectan tanto a los conductores como a los usuarios. “En muchos casos, los conductores han sido víctimas de asaltos, robos de vehículos e incluso han perdido la vida a manos de delincuentes. Y por otro lado, los usuarios también han enfrentado situaciones de asalto y violencia, especialmente las mujeres, quienes son vulnerables a agresiones de género”.
Ana Buendía García recordó los casos difundidos en los medios sociales y de información sobre Rafa Wayne y Lady Uber. Recalcó finalmente que esta política se ha implementado desde el año 2012, en países como Reino Unido Australia, Estados Unidos, Brasil y España.
