Más de 4,500 servidores públicos especializados enfrentan incertidumbre tras la desaparición de organismos autónomos. La reestructuración del Estado mexicano, promovida por el gobierno federal, ha dejado a miles de especialistas en rendición de cuentas, regulación energética, telecomunicaciones y educación en una situación laboral incierta. La reforma de simplificación orgánica, que extingue siete organismos autónomos, plantea un panorama complicado para estos trabajadores, cuya experiencia y habilidades ahora parecen no tener cabida en el nuevo modelo de gobierno centralizado.
Especialistas desplazados: desafío para el sistema laboral
Según Mario Luis Fuentes, experto en políticas públicas, esta transformación busca consolidar un sistema presidencialista similar al de décadas pasadas. Esto incluye eliminar órganos de control que antes actuaban como contrapesos del poder ejecutivo. Fuentes señala que esta reforma no solo redefine la estructura gubernamental, sino que también excluye a miles de profesionales altamente capacitados de la administración pública.
“Estamos viendo una nueva noción de República, donde el Ejecutivo concentra el poder y elimina la necesidad de cuadros técnicos especializados. Estos trabajadores deberán buscar su lugar en el ámbito privado, enfrentando incertidumbre laboral y económica”, declaró Fuentes.
Por su parte, Hipólito Romero Reséndez, abogado laboralista, enfatiza que el gobierno debe cumplir con los convenios internacionales que garantizan el trabajo digno. “Es imperativo ofrecer indemnizaciones justas a los empleados desplazados, pero el decreto carece de claridad sobre cómo se respetarán estos derechos,” afirmó.
Organismos y presupuestos afectados
Los órganos autónomos afectados incluyen el INAI, Cofece, IFT, Coneval, CRE, Mejoredu y CNH. En conjunto, empleaban a 4,524 personas y manejaban un presupuesto anual de más de 5,000 millones de pesos, de los cuales el 67.5% se destinaba a salarios.
Organismos como el IFT y el INAI tienen la mayor cantidad de plazas, con 1,542 y 783 empleados respectivamente. Sin embargo, al ser puestos de confianza, estos trabajadores enfrentan la posibilidad de despidos sin indemnización adecuada.
Negociación política: una salida necesaria
Romero Reséndez propone una negociación política de alto nivel que permita garantizar el respeto a los derechos laborales de los afectados. Entre las posibles soluciones, sugiere indemnizaciones equivalentes a 20 días por año trabajado y programas de retiro voluntario.
“Es fundamental que el gobierno adopte un enfoque humano y garantice una transición suave para estos trabajadores. La pérdida de empleo no solo afecta a los empleados, sino también a sus familias y a la estabilidad social del país,” señaló el experto.
La desaparición de estos organismos representa un reto tanto para los servidores públicos como para el sistema laboral en México. Mientras algunos esperan una reubicación en dependencias gubernamentales, la mayoría se prepara para enfrentarse al sector privado, donde las condiciones laborales pueden ser menos favorables.
En este contexto, expertos y organizaciones llaman al gobierno a priorizar el diálogo y garantizar que los derechos de los trabajadores sean respetados, evitando una crisis laboral que podría tener repercusiones sociales significativas.
