La noticia cayó como un balde de agua fría en medio del tenso clima de violencia que azota a México: la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) reveló en su más reciente informe que cerca de un 74 por ciento de las armas en manos de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) provienen de los Estados Unidos, principalmente de Texas, Arizona y California.
Según el reporte, el cual surge a raíz de nuevas disposiciones implementadas bajo la administración del presidente Joe Biden, la mayoría de estos traficantes son hombres jóvenes, blancos y ciudadanos estadounidenses. ¿El resultado? Un flujo constante de arsenal que cruza la frontera y fortalece a grupos criminales responsables de la escalada de violencia en México.
A continuación, te contamos los detalles clave de este informe, las cifras que destapan la magnitud del problema y las reacciones de quienes encabezan la lucha contra el tráfico ilegal de armas en ambos lados de la frontera.
Cifras que encienden alarma
El documento difundido por la ATF, denominado Evaluación Nacional sobre el Comercio y el Tráfico de Armas de Fuego (NFCTA, por sus siglas en inglés), arroja que casi tres cuartas partes de las armas encontradas en México y rastreadas por las autoridades provinieron de tres estados fronterizos:
- Texas, con un 43 por ciento de los casos.
- Arizona, con un 22 por ciento.
- California, con un 9 por ciento.
Sin embargo, la agencia advierte que el tráfico también se origina en un número cada vez mayor de entidades, lo cual demuestra que no se trata de un problema confinado únicamente a la frontera. El informe destaca que los cárteles tienen redes de compradores en distintas zonas de EE. UU. y utilizan rutas de transporte cada vez más variadas para introducir el armamento a México.
Entre 2017 y 2023, las interrupciones de tráfico hacia el sur se incrementaron en un 86 por ciento, lo que la ATF atribuye a la intensificación de la cooperación con el Gobierno mexicano, sumado al rastreo más agresivo que realizan las autoridades en cada incautación. Aun así, se indica que esta mejora en la vigilancia y el intercambio de información apenas ha logrado frenar una pequeña parte del flujo total de armamento.
¿Quiénes son los traficantes?
Uno de los datos más reveladores del informe es el perfil de quienes trafican armas a los cárteles mexicanos:
- 84 por ciento son hombres;
- 53 por ciento son personas blancas;
- 95 por ciento son ciudadanos estadounidenses;
- 39 por ciento tiene entre 24 y 34 años de edad.
Además, se señala que el 72 por ciento de las transacciones de compra-venta de armas involucran a mujeres en calidad de intermediarias, aunque son los hombres quienes acaparan la mayor parte de la logística de transporte y entrega.
Un elemento adicional sorprendente es que el 37 por ciento de los traficantes identificados no tiene antecedentes penales, lo que dificulta rastrearlos. El resto cuenta con algún registro de arrestos o condenas, pero no necesariamente por delitos graves, lo que explica que puedan comprar armas de manera aparentemente legal antes de desviarlas al mercado ilícito.
Según el reporte de la ATF, los grupos criminales que dominan las zonas con mayor concentración de armas traficadas son el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Estas organizaciones mantienen el control de varias rutas terrestres y marítimas para el trasiego de estupefacientes, pero también han expandido sus operaciones para incluir el contrabando de armamento proveniente de Estados Unidos.
El informe detalla que dichas armas son usadas no solo para enfrentar a las fuerzas de seguridad mexicanas, sino también para disputas territoriales entre bandas rivales. Esto ha incrementado la violencia en entidades como Chihuahua, Sonora, Tamaulipas y Guanajuato, puntos neurálgicos para el tráfico de armas y de drogas.
La reacción de México y la batalla legal
La revelación de este reporte cobra aún más relevancia en el contexto de la demanda que el Gobierno de México ha impulsado contra los fabricantes de armas en Estados Unidos. El caso, conocido como Smith & Wesson Brands v. Estados Unidos Mexicanos, llegará a la Corte Suprema de Estados Unidos en marzo, donde se discutirá si la producción y venta de armas en territorio estadounidense puede considerarse una forma de “ayuda” al tráfico ilegal y a la violencia cometida por los cárteles.
México sostiene que las empresas productoras de armas deberían asumir parte de la responsabilidad por los daños que generan sus productos cuando terminan en manos del crimen organizado. El reporte de la ATF, que confirma la procedencia de estas armas y la alta tasa de tráfico hacia el sur, podría convertirse en un argumento de peso en el litigio.
Aunque la ATF informa que ha iniciado más de mil investigaciones relacionadas con el tráfico de armas a México, lo cierto es que la cantidad de equipo incautado sigue siendo mínima en comparación con el volumen total que logran introducir los cárteles. El reporte advierte que sin mayor colaboración interinstitucional y sin endurecer las regulaciones de compra en EE. UU., será difícil reducir el flujo de armamento.
Mientras tanto, en territorio mexicano, la violencia asociada al narcotráfico prosigue, alimentada por la facilidad con la que las organizaciones criminales adquieren fusiles de asalto, pistolas y municiones en el país vecino. Las acciones coordinadas entre autoridades de ambos lados de la frontera deberán intensificarse para impedir que esta espiral destructiva siga creciendo.
En resumen, el informe de la ATF no hace sino ratificar los temores expresados por México desde hace años: la abundancia de armas estadounidenses en manos de los cárteles es un combustible que aviva la violencia. Con las cifras sobre la mesa y la presión judicial en aumento, queda por verse si la administración estadounidense y las empresas fabricantes tomarán medidas más contundentes para frenar esta crisis binacional.
