La elección de jueces, magistrados y ministros no se detendrá, afirmó el presidente del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña. A pesar de las controversias recientes y el amparo aceptado por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, el mensaje central del legislador es claro: ni el Poder Judicial ni ningún otro recurso legal podrán interrumpir este proceso electoral que se llevará a cabo el primer domingo de junio de 2025.
En el corazón del Palacio Legislativo de San Lázaro, el senador Fernández Noroña convocó a una conferencia de prensa previa a la sesión de la Comisión Permanente. Ahí, rodeado de otros legisladores de Morena, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde (PVEM), el presidente del Senado delineó con detalle los próximos pasos que tomará la Cámara para enfrentar la suspensión provisional que un juez de distrito en Michoacán concedió al Comité del Poder Judicial. Con un gesto serio pero al mismo tiempo enérgico, Noroña adelantó que tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política (Jucopo) elaborarán un acuerdo para blindar la participación de todas las personas que se inscribieron con la expectativa de competir en la contienda por ocupar un cargo de relevancia en el Poder Judicial.
En sus declaraciones, Fernández Noroña calificó como “gravísimo” que los aspirantes que se inscribieron de buena fe puedan quedar excluidos a causa de lo que él considera “una franca irresponsabilidad, negligencia y provocación” por parte del Poder Judicial de la Federación.
Hizo hincapié en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación parece estar “en un intento desesperado por descarrilar la elección” de 2025, pero reiteró que, al tratarse de un proceso electoral y de reformas constitucionales, no procedería la figura del amparo. “No hay ningún recurso legal, ni poder sobre la tierra, que pueda detener esta elección”, sentenció.
Con el paso de los minutos, las reacciones de otros participantes de la Comisión Permanente no se hicieron esperar. Legisladores como Nora Ruvalcaba, Simey Olvera y Laura Itzel Castillo, de Morena, coincidieron en que la resolución judicial que detuvo el proceso de evaluación en el Poder Judicial carece de fundamento, ya que no aplica el amparo contra reformas a la Constitución o procesos electorales. Por su parte, Gonzalo Yáñez (PT) y Waldo Fernández (PVEM) criticaron severamente la suspensión, considerándola una medida ilegal y un intento de “entorpecer la voluntad popular y la renovación democrática”.
Mientras tanto, desde el Comité de Evaluación del Poder Legislativo, sus cinco integrantes informaron en una declaración pública su postura: no aceptarán la suspensión emitida por el juez de Michoacán y continuarán con el proceso de selección de candidatos.
Aseguraron que la resolución del juzgador viola los derechos político-electorales de las y los aspirantes y subrayaron que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó claramente establecido en una sentencia previa que no es procedente frenar el desarrollo de procesos comiciales extraordinarios. De hecho, insistieron en que la legalidad y la supremacía constitucional se deben respetar ante todo, por lo que apuestan a un desenlace apegado a derecho.
Dentro de este contexto, las voces críticas señalan que la posible creación de una instancia auxiliar para evaluar a los inscritos en lugar del Comité del Poder Judicial es un recurso legítimo si este último no cumple con su responsabilidad. “La elección no se detiene, con o sin la participación de un comité renuente”, enfatizó el senador Fernández Noroña, al precisar que la Constitución contempla la posibilidad de que, si el Poder Judicial no cumple, sus candidaturas simplemente no sean presentadas. Sin embargo, recalcó que todas las personas juzgadoras en funciones mantienen su derecho a participar, de forma directa, en la contienda.
La sesión de la Comisión Permanente dejó en claro que los más de 2 mil aspirantes a puestos de jueces, magistrados y ministros registrados en tiempo y forma con el Poder Judicial no quedarán en el limbo. Se prevé que en los próximos días, la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política definan un mecanismo para asegurar que ninguno de los aspirantes sea perjudicado por lo que calificaron como “maniobras dilatorias”.
El senador Fernández Noroña insistió en que el Poder Judicial no puede erigirse en un freno para el proceso electoral de 2025, pues la propia Constitución y la Ley de Amparo son claras: no se admite la suspensión de una elección, sea federal, local o, como en este caso, del Poder Judicial. Con la advertencia de que el proceso marcha firme y la fecha de la elección se mantiene inamovible, el presidente del Senado dejó abierta la puerta a la posibilidad de emprender nuevas acciones legales si el Poder Judicial continúa intentando frenar la renovación de sus propias filas.
En definitiva, esta jornada parlamentaria en la Ciudad de México reafirmó la determinación de los senadores y diputados para consolidar la elección de jueces, magistrados y ministros en 2025. Bajo la mirada atenta de la opinión pública y en medio de un escenario político que enfrenta tensiones crecientes, los legisladores de la mayoría parlamentaria aseguran que darán la batalla legal y política necesaria para mantener intacta la voluntad ciudadana de renovar el Poder Judicial. Solo el tiempo dirá cuál será el desenlace definitivo de esta disputa, pero, por ahora, el mensaje oficial es contundente: la elección no se detiene.
