10 enero, 2025
Declaran como constitucional la reforma para prohibir el uso ilícito del fentanilo y la venta de vapeadores

 

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión formalizó la declaración de constitucionalidad de la reforma que prohíbe la producción, comercialización y distribución del fentanilo, así como la venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores en todo el país. Esta medida, avalada por 22 congresos locales, marca un cambio en la lucha contra el uso ilícito de drogas sintéticas y dispositivos nocivos para la salud.

 

La reforma modifica los artículos 4° y 5° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas estarán prohibidas. Asimismo, se sancionará la fabricación y venta de vapeadores y dispositivos similares.

 

“La salud de los mexicanos es prioridad. Este paso fortalece nuestro marco legal para combatir las amenazas más graves contra el bienestar de las personas”, declaró Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno de la Comisión Permanente, quien lideró la sesión en la que se realizó la declaratoria.

 

Respaldo nacional y detalles de la reforma

Los congresos de 22 estados, incluyendo Baja California, Ciudad de México, Veracruz, y Zacatecas, dieron su aval a esta reforma, que ahora será publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para su entrada en vigor. Este amplio respaldo refleja un consenso político y social sobre la urgencia de frenar el impacto del fentanilo y los vapeadores en la salud pública.

 

El texto de la reforma estipula que queda prohibido cualquier comercio, industria o actividad relacionada con las sustancias y dispositivos señalados. Además se establece que las legislaturas locales tendrán 365 días para ajustar sus normativas a los lineamientos federales.

 

Mensaje de compromiso

“Te hemos cumplido, pueblo de México”, afirmó Fernández Noroña al concluir la declaratoria, destacando que esta reforma responde al creciente problema del tráfico y uso ilícito de fentanilo, una sustancia que ha provocado una crisis sanitaria en diversas partes del mundo.

 

Por su parte, Nohemí Camino, secretaria de la mesa directiva, subrayó la importancia de este avance legislativo, señalando que se trata de una medida preventiva que coloca a México como un referente en la protección de la salud pública.

 

El fentanilo, un opioide sintético hasta 50 veces más potente que la heroína, ha sido vinculado con un alarmante aumento de muertes por sobredosis en América del Norte. En México, las autoridades buscan cortar su producción y tráfico, enfrentando tanto al crimen organizado como a redes internacionales de distribución.

 

Por otro lado, los vapeadores han sido señalados por expertos como dispositivos que promueven el tabaquismo entre los jóvenes. Aunque algunos legisladores expresaron reservas sobre la prohibición total, el consenso mayoritario respaldó la necesidad de regularlos estrictamente.

 

En Sinaloa, por ejemplo, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Bernardino Antelo Esper, manifestó que su bancada se abstuvo de votar debido a discrepancias sobre los vapeadores. Sin embargo, reconoció que el tema del fentanilo requiere acciones inmediatas y contundentes.

 

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, elogió la aprobación de la reforma y aseguró que su gobierno trabajará en la implementación efectiva de las nuevas disposiciones. “La salud de nuestra gente es prioridad. Esta reforma es un compromiso cumplido que refleja nuestra determinación de proteger a las generaciones presentes y futuras”, afirmó en un mensaje difundido en redes sociales.

 

Organizaciones civiles y expertos en salud pública también han aplaudido la medida, aunque advierten que su éxito dependerá de una estricta vigilancia y de la cooperación entre niveles de gobierno. “Prohibir es solo el primer paso. Ahora necesitamos campañas de prevención, educación y fortalecimiento institucional para enfrentar este problema de manera integral”, señaló Mariana Gómez del Campo, especialista en políticas de salud.