El Juzgado Primero de Distrito en Michoacán ordenó la suspensión definitiva del proceso electoral extraordinario 2025 del Poder Judicial de la Federación (PJF). Esta decisión, basada en un juicio de amparo promovido por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed), detiene momentáneamente el desarrollo del proceso en el que se elegirían jueces, magistrados y ministros.
El Comité de Evaluación del PJF, compuesto por Wilfrido Castañón León, Mónica González Contró, Emma Meza Fonseca, María Emilia Molina de la Puente y Luis Enrique Pereda Trejo, emitió un comunicado en el que acata la resolución judicial. Este comité enfatizó que ignorar la suspensión podría resultar en una considerable inequidad para los 3,805 aspirantes inscritos, lo que vulneraría los principios fundamentales de la Reforma Judicial.
La orden judicial señala que la aplicación de las leyes secundarias derivadas de la Reforma Judicial podría afectar los derechos de las personas juzgadoras inscritas en el proceso. En el acuerdo, el juez instruyó a los comités de los tres poderes –Ejecutivo, Legislativo y Judicial– a emitir en 48 horas un acuerdo administrativo que frene todas las actividades relacionadas con la elección, advirtiendo de sanciones en caso de desacato.
El juez puntualizó que la no suspensión implicaría multas de 107,570 pesos por persona a los integrantes de los comités responsables y la notificación al Ministerio Público Federal para iniciar las investigaciones correspondientes.
Reacciones de los actores involucrados
La suspensión generó diversas reacciones. El abogado penalista Luis Eliud Tapia Olivares alertó que esta decisión podría llevar a elecciones judiciales en las que únicamente participen candidaturas de los poderes Ejecutivo y Legislativo, excluyendo al PJF. “Si los otros comités no acatan la suspensión, las boletas podrían imprimirse sin representación del Poder Judicial, lo que pondría en entredicho la equidad del proceso”, señaló.
Por su parte, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, calificó la suspensión como un “acto de irresponsabilidad suprema”. A través de sus redes sociales, afirmó que el proceso electoral continuará con o sin las candidaturas del PJF, en cumplimiento del artículo 96 de la Constitución, que establece que los poderes que no presenten sus listas a tiempo quedarán automáticamente excluidos.
La suspensión se da en un contexto donde los comités de los tres poderes evaluaban la idoneidad de los aspirantes registrados. El calendario original estipulaba que las listas definitivas debían publicarse en febrero, para que las boletas estuvieran listas antes del 1° de junio, fecha programada para las elecciones. Sin embargo, con esta resolución, el panorama se complica, ya que la Reforma Judicial no contempla escenarios de suspensión.
El Comité de Evaluación del PJF defendió su decisión, argumentando que “cumplir con el mandato judicial garantiza la equidad y transparencia del proceso”. Además, instó a los comités del Ejecutivo y Legislativo a hacer lo propio, recordando que “ignorar esta medida cautelar provocaría inequidad entre los participantes”.
Medidas cautelares y antecedentes
El juez de Michoacán también recordó la sentencia emitida en noviembre de 2024 por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aunque esta resolución respaldaba la continuidad del proceso, el juez aclaró que las determinaciones en jurisdicciones constitucionales diversas no afectan la obligatoriedad de las suspensiones otorgadas en juicios de amparo.
Este conflicto pone de manifiesto la complejidad de implementar la Reforma Judicial. La norma busca garantizar mayor transparencia en los procesos internos del PJF, pero ha enfrentado críticas y resistencias desde su promulgación, particularmente por las disposiciones que afectan a las personas juzgadoras actuales.
Futuro del Poder Judicial y sus implicaciones políticas
La suspensión del proceso electoral extraordinario del PJF marca un momento de tensión entre los poderes de la federación. Mientras que el Poder Judicial busca garantizar la equidad y representación de sus integrantes, los poderes Legislativo y Ejecutivo mantienen su postura de avanzar en la implementación de la Reforma Judicial.
La resolución del juez de Michoacán podría generar un precedente importante, tanto en el ámbito jurídico como en el político, dejando abierta la discusión sobre la autonomía del PJF y el alcance de las reformas constitucionales en curso. Con el proceso electoral en pausa, la incertidumbre sobre la composición final de las boletas persiste, elevando el nivel de escrutinio público sobre este tema crucial para el sistema de justicia mexicano.
Esta situación exige una pronta resolución por parte de las instancias legales y políticas involucradas, pues el tiempo apremia y el futuro de los aspirantes inscritos, así como la legitimidad del proceso electoral, están en juego.
