Sigue el debate alrededor del futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el cual se ha convertido en uno de los temas más polémicos en la arena política y social del país. De acuerdo con cálculos internos de este organismo, la eventual liquidación de sus trabajadores de base podría alcanzar la asombrosa cifra de 300 millones de pesos, pero el verdadero dilema es que aún no está claro de dónde saldrán esos recursos.
A pesar de que líderes de Morena en la Cámara de Diputados –quienes impulsaron la llamada “reforma de simplificación orgánica”– han asegurado que los derechos laborales del personal de organismos como el Inai, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) están garantizados, en la práctica todavía no existe un plan financiero claro para el pago de indemnizaciones.
De hecho, los propios diputados han señalado que aguardan la respuesta de la Secretaría de Hacienda, responsable de definir cómo se cubrirían estos compromisos en la legislación secundaria pendiente.
Presupuesto limitado y muchas interrogantes
El 20 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que oficializa la reforma constitucional para desaparecer al Inai y otras entidades autónomas, como el traspaso de sus atribuciones a distintas áreas del gobierno federal; sin embargo, al interior del instituto ya se han tomado decisiones para atenuar el impacto económico en lo inmediato: entre esas medidas, el no renovar los contratos de los trabajadores eventuales y de honorarios para el 2025. Así, únicamente se mantiene un presupuesto de transición que alcanza para cubrir salarios y gastos básicos durante los primeros cuatro meses del año.
La asignación presupuestal para el Inai se redujo a 499 millones de pesos –la mitad de los 998 millones originalmente solicitados–, de los cuales cerca del 71% se destinará al pago de la nómina de la plantilla de base. Los cuatro comisionados que se mantienen al frente del instituto han detallado que estos recursos servirán también para cubrir la renta del edificio donde operan, gastos de servicios básicos como agua, luz y seguridad, y poco más.
Pero el gran ausente en este presupuesto es precisamente la partida para la liquidación de los trabajadores de base en caso de que la desaparición se concrete. De acuerdo con los cálculos realizados por el propio Inai, el monto de las indemnizaciones podría rondar los 300 millones de pesos. Se trata de una cifra que, de no definirse a la brevedad su origen, podría convertirse en un conflicto financiero y político de grandes proporciones.
Perspectiva de los actores involucrados
En el Congreso de la Unión, tanto diputados como senadores –principalmente quienes apoyan la reforma– han expresado que la Secretaría de Hacienda será la encargada de precisar la ruta para el pago de indemnizaciones en la legislación secundaria,pero algunos legisladores de oposición han acusado a Morena de no haber contemplado, desde el inicio, el destino de los empleados afectados.
“La protección de los derechos laborales no puede quedar en el aire. Se necesita claridad y certidumbre tanto para quienes laboran en el Inai como para la ciudadanía que depende de los servicios de transparencia”, ha manifestado un diputado de la coalición opositora.
Por su parte, varios trabajadores del Inai se mantienen en la incertidumbre. Algunos confían en que haya una reubicación en las dependencias que absorberían las funciones del instituto, mientras que otros contemplan la posibilidad de demandar al Estado mexicano en caso de no ser indemnizados conforme a la ley. “No nos oponemos a los cambios, pero necesitamos reglas claras. Se dijo que respetarían nuestros derechos laborales, y esperamos que eso se cumpla”, señaló uno de los representantes sindicales del Inai.
Debate de fondo: Importancia de la transparencia
En la discusión pública, voces de la sociedad civil y de organizaciones especializadas en rendición de cuentas han expresado su preocupación. Argumentan que la desaparición del Inai podría debilitar la transparencia en México, pues el organismo fue creado con el propósito de garantizar el acceso a la información gubernamental y la protección de los datos personales de los ciudadanos.
“México fue pionero en Latinoamérica con un instituto autónomo de este tipo. Desmantelarlo es un retroceso que puede afectar la confianza ciudadana en las instituciones”, sostienen expertos en la materia.
No obstante, los promotores de la reforma argumentan que estas funciones pueden ser asumidas por dependencias ya existentes, optimizando recursos y reduciendo la burocracia. Insisten en que se trata de una medida de simplificación administrativa que permitirá canalizar el presupuesto a áreas más prioritarias.
“El Estado no puede sostener estructuras duplicadas. Nuestra intención es hacer más con menos y mantener intactos los derechos de los ciudadanos”, afirman legisladores de Morena y funcionarios cercanos a la propuesta.
El desenlace de este proceso depende, en gran medida, de las leyes secundarias que el Congreso debe aprobar en las próximas semanas. De confirmarse la desaparición del Inai, quedará por verse cómo se garantizarán sus funciones, quién pagará la renta del edificio, qué pasará con el presupuesto asignado y sobre todo, de dónde saldrán los 300 millones de pesos necesarios para indemnizar a los trabajadores.
