Hace una semana se celebraba la noticia de los aumentos en 2025 para los salarios de millones de trabajadores, pero hoy la realidad es otra. La reforma constitucional que busca garantizar que el incremento al salario mínimo nunca sea inferior a la inflación enfrenta un inesperado freno en su último trámite legislativo.
A pesar de ser parte de las 12 reformas del llamado Plan C impulsado por Andrés Manuel López Obrador, Morena y sus aliados han decidido congelar la declaratoria final en la Cámara de Diputados, lo que podría impedir su aplicación en 2025.
Camino de la reforma: Avances y freno inesperado
La propuesta, aprobada el 24 de septiembre en la Cámara de Diputados y el 9 de octubre en el Senado, logró un apoyo mayoritario en 31 Congresos estatales para modificar el artículo 123 constitucional. A pesar de este respaldo, el último paso -el cómputo de las legislaturas estatales y la declaratoria de validez constitucional en la Cámara de Diputados- no se ha llevado a cabo.
De acuerdo con la ley, esta declaratoria es necesaria para que la reforma sea promulgada por la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, el retraso ha generado críticas y especulaciones sobre las razones detrás de esta demora.
Objetivos de la reforma congelada
La iniciativa presentada en febrero de 2024 por López Obrador fue calificada como un acto histórico de justicia social y tuvo dos propósitos fundamentales:
- Garantizar que el incremento anual al salario mínimo nunca sea inferior a la inflación.
- Asegurar que el salario de maestros, policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeros no sea menor al promedio que perciben los trabajadores registrados en el IMSS.
En palabras del expresidente López Obrador:
“Los incrementos deben garantizar que nunca vuelva a ocurrir una pérdida del poder adquisitivo del salario, como en el periodo neoliberal”.
Datos duros: El estado actual de los salarios
El salario mínimo ha tenido incrementos significativos durante los últimos años, pasando de 88.36 pesos diarios en 2018 a 248.93 pesos en 2024, lo que representa un aumento acumulado del 110%. Sin embargo, aún se encuentra 36% por debajo del máximo histórico alcanzado en 1976.
Por otro lado, la precariedad laboral sigue siendo una realidad. De acuerdo con cifras de la iniciativa:
- El salario promedio mensual de afiliados al IMSS es de 16 mil 152 pesos.
- Maestros de educación básica: 12 mil 500 pesos.
- Policías y guardias del Servicio de Protección Federal: 6 mil 800 pesos.
- Guardias nacionales y soldados del Ejército: 16 mil pesos.
- Personal de enfermería del IMSS: entre 5 mil 752 y 9 mil 645 pesos.
- Médicos del IMSS: entre 9 mil 184 y 12 mil 95 pesos.
- Enfermeros del ISSSTE: 11 mil pesos.
La reforma busca cerrar esta brecha y garantizar un salario digno para sectores esenciales como educación, seguridad y salud.
Críticas y reacciones: ¿Por qué se congela?
La decisión de Morena de frenar la reforma en su último tramo ha generado reacciones entre legisladores, expertos y sindicatos. Desde el Congreso, el senador Gerardo Fernández Noroña aseguró que la declaratoria podría realizarse durante el periodo de la Comisión Permanente, instalada este martes:
“No hay motivo para el retraso. La declaratoria puede hacerse en cualquier momento por la Mesa Directiva de Diputados o del Senado”.
Por su parte, representantes sindicales han criticado la falta de voluntad política para concluir el proceso, señalando que esta reforma es crucial para combatir la precariedad laboral. José Luis García, dirigente de un sindicato de maestros, afirmó:
“El aumento al salario no puede esperar. Somos los pilares de la educación pública y seguimos ganando menos que el promedio nacional. Necesitamos un compromiso real”.
Impacto de la reforma en 2025
De no emitirse la declaratoria, el primer incremento salarial bajo las nuevas condiciones no podría aplicarse a partir de enero de 2025. Esto afectaría principalmente a trabajadores de sectores estratégicos que dependen de una mejora salarial para alcanzar un nivel digno de vida.
El retraso también pone en duda la implementación de los aumentos previstos en el Plan C, lo que podría tener implicaciones políticas y económicas en el arranque del próximo sexenio.
El congelamiento de la reforma para garantizar un incremento salarial justo representa un retroceso en las promesas del Plan C. Aunque ha sido aprobada por 31 Congresos estatales y cuenta con el respaldo de la mayoría legislativa, la falta de declaratoria impide su aplicación inmediata.
La presión de sindicatos, legisladores y expertos crece, exigiendo que la Cámara de Diputados resuelva el trámite pendiente y permita que esta reforma histórica entre en vigor.
La ciudadanía, en especial los sectores educativos, de salud y seguridad, está atenta: la aplicación de esta medida no solo mejorará el poder adquisitivo de miles de trabajadores, sino que será un paso firme hacia la justicia salarial en México.
