En una sesión solemne conjunta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, presidentes de la Primera y Segunda Sala respectivamente, expresaron su preocupación ante los retos e incertidumbres que plantea la reforma judicial aprobada para ser implementada el próximo año.
Durante la rendición de sus informes de labores, los ministros coincidieron en que, aunque la reforma busca fortalecer la administración de justicia, podría también representar un retroceso si no se implementa correctamente. Ambos señalaron la falta de claridad en los objetivos y riesgos inherentes a los cambios estructurales en el Poder Judicial.
El ministro Pardo Rebolledo subrayó: “La reforma judicial traerá cambios sustanciales, algunos necesarios, pero preocupa profundamente que estos ajustes puedan destruir aspectos positivos sobre los que se ha construido nuestra labor”.
Por su parte, Pérez Dayán advirtió: “Nuestra democracia ha decidido caminar por rutas inciertas. Deseo, sinceramente, que esto no termine siendo solo un recuerdo de todo lo perdido”.
Falta de comunicación con la sociedad
Uno de los puntos más críticos señalados por los ministros fue la falta de capacidad para comunicar a la sociedad los riesgos asociados con la reforma judicial. Según Pardo Rebolledo, el mensaje no llegó de manera oportuna ni con la fuerza necesaria, lo que podría tener un costo para la ciudadanía.
“Con honestidad, debemos reconocer que no logramos advertir a la sociedad sobre los riesgos y problemas inherentes a esta reforma. El tiempo y la experiencia serán testigos de las cualidades del sistema de justicia que está en su ocaso”, enfatizó Pardo.
Independencia judicial en peligro
Ambos ministros resaltaron la importancia de preservar la independencia del Poder Judicial frente a los cambios. Pardo Rebolledo llamó a los futuros integrantes del Poder Judicial a mantenerse firmes en los principios de independencia, honradez y capacidad: “Que quienes asuman la tarea de impartir justicia nunca se alejen de la independencia y la serenidad necesarias para cumplir con este compromiso”.
En tanto, Pérez Dayán subrayó la vocación y lealtad a la Constitución como el eje rector que debe guiar al Poder Judicial en medio de estas transformaciones.
Reforma judicial: ¿avance o retroceso?
La reforma judicial, promovida como un avance en la modernización del aparato de justicia, ha generado un debate intenso entre especialistas, funcionarios y la sociedad civil. Si bien se reconoce la necesidad de ajustar y mejorar el sistema, críticos han señalado que los cambios podrían comprometer la independencia judicial y la calidad en la impartición de justicia.
En su intervención, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, destacó que el proceso de implementación de la reforma será clave para definir su impacto. Piña Hernández aseguró que el Poder Judicial trabajará en garantizar que los cambios se traduzcan en beneficios tangibles para la sociedad.
“El compromiso de este Poder Judicial es salvaguardar la justicia y proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso en medio de retos como los que plantea esta reforma”, afirmó.
Preocupaciones de la sociedad civil y académicos
Organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho constitucional han mostrado escepticismo frente a la reforma. Mariana Gómez, investigadora del Centro de Estudios Jurídicos y Sociales, señaló que la falta de claridad en los objetivos de la reforma aumenta la incertidumbre sobre su impacto.
“El riesgo es que se implementen cambios que debiliten la independencia del Poder Judicial, lo que afectaría la confianza ciudadana en las instituciones de justicia”, comentó Gómez.
Por su parte, colectivos de abogados han solicitado mayor transparencia en el proceso de implementación y mecanismos claros de evaluación para medir los resultados de los cambios.
Desafíos
A medida que se aproxima la implementación de la reforma judicial, los desafíos son numerosos. Entre ellos, destacan:
- Preservar la independencia judicial frente a posibles injerencias externas.
- Garantizar la capacitación adecuada para jueces y magistrados en los nuevos procedimientos.
- Comunicar efectivamente los cambios a la ciudadanía para evitar desinformación y fortalecer la confianza en el sistema.
- Evaluar los resultados de la reforma de manera transparente y con criterios objetivos.
La reforma judicial representa un momento crucial para el sistema de justicia en México. Mientras los ministros de la SCJN advierten sobre los riesgos y retos que plantea, el debate sigue abierto entre quienes ven en estos cambios una oportunidad de mejora y quienes temen que se conviertan en un retroceso.
El éxito de la reforma dependerá no solo de su diseño, sino también de su implementación y de la capacidad del Poder Judicial para adaptarse a las nuevas circunstancias sin comprometer sus principios fundamentales. La sociedad mexicana estará atenta a los próximos pasos y a las decisiones que definirán el futuro de la justicia en el país.
