La presidenta Claudia Sheinbaum presentará la próxima semana ante la Cámara de Diputados una propuesta legislativa crucial: la regulación de los llamados “jueces sin rostro”. Esta figura, incluida en la reciente reforma del Poder Judicial de la Federación, busca proteger la identidad y seguridad de los jueces que llevan casos de alto impacto, particularmente relacionados con delincuencia organizada.
El coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, detalló que esta iniciativa incluirá modificaciones a la Ley de Amparo, al Código Penal y al Código Nacional de Procedimientos Penales, como parte del esfuerzo por adaptar el marco legal secundario a los cambios constitucionales aprobados en septiembre pasado. “Estas reformas son necesarias para garantizar que los jueces que enfrentan amenazas puedan trabajar con seguridad y en condiciones de imparcialidad”, indicó Monreal en entrevista.
La figura de jueces sin rostro, ampliamente utilizada en países como Colombia e Italia para combatir mafias y grupos delictivos, plantea en México una respuesta a los riesgos crecientes que enfrentan los impartidores de justicia. Según el artículo 20 de la Constitución reformado, las medidas especiales serán aplicables únicamente en casos de delincuencia organizada, y su implementación dependerá de procedimientos estrictamente definidos por la ley.
El diputado Monreal también destacó la importancia de esta propuesta en el contexto de los retos de seguridad actuales: “En varios estados, los jueces enfrentan amenazas constantes que no solo ponen en riesgo su vida, sino que también vulneran la independencia del sistema judicial. Este mecanismo es un paso adelante en la protección de nuestra democracia”.
Detalles del debate legislativo
El debate en San Lázaro será intenso. Actualmente la Cámara de Diputados tiene pendiente la aprobación de más de 40 leyes reglamentarias relacionadas con la reforma del Poder Judicial, pero Monreal reconoció que debido a la agenda cargada —que incluye la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2025—, es probable que solo seis o siete leyes sean votadas en la última semana del periodo de sesiones ordinarias.
El cronograma propuesto contempla que el PEF sea discutido en lo general el miércoles 11 de diciembre, mientras que el debate en lo particular podría extenderse hasta el viernes 13. Por ello, el resto de las leyes reglamentarias, incluida la regulación de los jueces sin rostro, podría abordarse en un periodo extraordinario aún por definir o en el siguiente periodo ordinario, que comenzará en febrero de 2025.
Reacciones en el ámbito político y social
La iniciativa ha generado una amplia gama de opiniones. La diputada Claudia Martínez, del Partido del Trabajo, señaló: “Es una medida necesaria para garantizar que los jueces puedan ejercer su labor sin presiones externas, pero debemos asegurarnos de que no se utilice de manera generalizada, sino únicamente en casos donde el riesgo sea evidente y comprobable”.
Por su parte, Jorge Herrera, del Partido Acción Nacional, expresó sus reservas: “Esta figura tiene el potencial de fortalecer el sistema judicial, pero debe aplicarse con cautela. Sin un esquema de supervisión adecuado, podría comprometer principios fundamentales como la transparencia de los procesos judiciales”.
Desde el Poder Judicial, funcionarios han señalado que la protección de los jueces es una necesidad urgente. “Hemos documentado múltiples casos de amenazas directas contra jueces y magistrados, especialmente en entidades con alta presencia de grupos delictivos. Este mecanismo podría ser clave para preservar la integridad de quienes imparten justicia”, comentó una fuente anónima cercana al Consejo de la Judicatura.
El debate sobre los jueces sin rostro toca un tema central: el equilibrio entre seguridad y transparencia en el sistema judicial. Rosa María Delgado, directora del Centro de Estudios para la Justicia y la Democracia, advirtió que esta figura debe aplicarse de manera limitada: “La publicidad de los juicios es un principio democrático esencial. La regulación debe ser clara y garantizar que el anonimato no se convierta en una regla, sino en una excepción estrictamente necesaria”.
La propuesta presidencial llega en un momento en el que la violencia vinculada a la delincuencia organizada sigue siendo un desafío nacional. Según cifras oficiales, en el último año se han registrado más de 20 ataques contra funcionarios del Poder Judicial, lo que subraya la necesidad de medidas urgentes. No obstante, el camino hacia su aprobación no será fácil. Legisladores de diferentes partidos han enfatizado la necesidad de revisar con detalle cada artículo para evitar lagunas legales o excesos.
Además, el contexto legislativo añade complejidad. La discusión simultánea de reformas judiciales y el PEF 2025 pone a prueba la capacidad del Congreso para manejar agendas prioritarias en un periodo de tiempo limitado. A esto se suma la presión de diversos sectores sociales que exigen que estas reformas sean integrales y no meramente reactivas.
La llegada de la iniciativa de jueces sin rostro a San Lázaro marcará un momento clave en la implementación de la reforma del Poder Judicial. Si bien enfrenta retos políticos, legales y sociales, su eventual aprobación podría establecer un precedente importante en la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los impartidores de justicia. Sin embargo, su éxito dependerá no solo de su diseño e implementación, sino también de la capacidad de las instituciones para garantizar que se respete el equilibrio entre seguridad, transparencia y derechos fundamentales.
La próxima semana, todas las miradas estarán puestas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde el futuro de esta iniciativa será definido en medio de un entorno político que exige soluciones rápidas, pero bien fundamentadas, a los retos que enfrenta el país.
