El Senado de la República aprobó por unanimidad la creación del Registro Nacional de Medidas y Órdenes de Protección de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, un avance significativo en la lucha por garantizar la seguridad y los derechos de las mujeres en México. Este registro, considerado una demanda histórica del movimiento feminista, será operado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y se alimentará con datos de diferentes instancias gubernamentales en los tres órdenes de gobierno.
¿Qué es el Registro Nacional?
El Registro Nacional tiene como objetivo principal organizar y centralizar la información sobre medidas y órdenes de protección emitidas por autoridades administrativas y jurisdiccionales. Esto permitirá:
- Trazabilidad y efectividad: Monitorear el cumplimiento de las medidas de protección.
- Prevención de violencia: Identificar antecedentes de agresores reincidentes.
- Seguridad jurídica: Garantizar un manejo confidencial de la información, en cumplimiento con la Ley General de Protección de Datos Personales.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, destacó la importancia de este registro como un mecanismo de coordinación nacional: “Es una herramienta que refuerza la capacidad del Estado para actuar con rapidez y eficacia ante situaciones de violencia contra mujeres y menores. Esta iniciativa es un paso hacia la verdadera igualdad sustantiva”.
Protección inmediata para las víctimas
La reforma también incluye medidas contundentes para proteger a las víctimas de violencia en situaciones de emergencia. Una de las disposiciones más destacadas establece que el Ministerio Público podrá ordenar el desalojo inmediato de un agresor del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la propiedad del inmueble. Esta medida busca salvaguardar la integridad de las víctimas en casos de peligro inminente.
Durante el debate, la senadora Margarita Valdez enfatizó: “No podemos permitir que las mujeres sigan enfrentándose solas a un sistema que no siempre les ha brindado protección adecuada. Estas reformas son un mensaje claro de que el Estado está de su lado”.
Por su parte, el senador priista Rolando Zapata celebró las disposiciones, pero subrayó la importancia de garantizar que estas medidas sean implementadas de manera eficiente: “Es fundamental que las instituciones responsables de estas acciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir con su labor”.
Igualdad salarial: un derecho garantizado
En el marco de la reforma, también se aprobó la obligación de garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, eliminando las brechas de género en el ámbito laboral. Este aspecto fue ampliamente respaldado por legisladores de todas las bancadas, quienes reconocieron que la igualdad sustantiva no solo abarca la seguridad, sino también la justicia económica.
Violencia vicaria: un enfoque integral
Otro avance importante de esta reforma es la inclusión de disposiciones específicas para proteger a las víctimas de violencia vicaria, un tipo de violencia en la que el agresor utiliza a los hijos para causar daño emocional a la madre.
El senador Javier Corral destacó la importancia de este enfoque: “El reconocimiento de la violencia vicaria como una forma de agresión exige que las autoridades actúen con sensibilidad y contundencia para proteger a las mujeres y sus hijos”.
El aval unánime de las fuerzas políticas en el Senado refleja un consenso sobre la urgencia de actuar en favor de las mujeres y menores en situación de violencia. La senadora Elizabeth Velázquez elogió la colaboración entre los legisladores para alcanzar este acuerdo:
“Cuando se trata de proteger vidas, las diferencias políticas quedan de lado. Este es un triunfo colectivo por las mujeres de México”.
Desafíos en la implementación
Aunque las reformas representan un avance significativo, los retos no son menores. La senadora Mayuli Martínez advirtió que será necesario garantizar la capacitación del personal encargado de implementar estas medidas, así como la asignación de recursos adecuados para que el registro y las disposiciones sean operativas en todo el país.
La aprobación del Registro Nacional y las disposiciones asociadas no solo representan un avance jurídico, sino también un cambio cultural hacia una sociedad más equitativa y segura para las mujeres. Con estas reformas, el Estado mexicano reafirma su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres y menores, sentando las bases para un futuro más justo.
El reto ahora es garantizar que estas medidas no queden en papel, sino que se traduzcan en acciones concretas que impacten la vida de las mujeres en México. Como enfatizó la senadora Martha Lucía Micher: “La igualdad sustantiva no es un concepto abstracto; es una realidad que debemos construir con acciones concretas y efectivas”.
