El Senado de la República aprobó reformas significativas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, introduciendo cambios clave en la estructura gubernamental. Entre las modificaciones más destacadas, se encuentra la creación de las secretarías de la Mujer y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, marcando un avance hacia la igualdad de género y el desarrollo científico-tecnológico en el país.
La votación se llevó a cabo en dos partes, atendiendo a una solicitud de la oposición. En la primera parte, que abordaba la creación de las nuevas dependencias, la aprobación fue unánime, reflejando el consenso entre los legisladores sobre la importancia de estas instituciones.
Sin embargo, la segunda parte de la reforma generó un intenso debate. Esta sección redistribuye las facultades de organismos autónomos próximos a desaparecer, asignándolas a la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Con 82 votos a favor de Morena, PVEM y PT, y 39 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, esta parte fue aprobada, aunque con fuerte oposición.
El senador Enrique Inzunza Cázarez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, explicó que estas reformas buscan transformar la administración pública hacia un modelo más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. Según Inzunza, las nuevas estructuras apuntan a garantizar la igualdad sustantiva de género, fortalecer la soberanía tecnológica y avanzar en la digitalización de los servicios públicos, áreas clave para el desarrollo del país.
Entre los cambios adicionales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana recibe nuevas atribuciones, mientras que la Secretaría de la Función Pública evoluciona para convertirse en la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
Este paquete de reformas, que redefine prioridades en la estructura gubernamental, refleja el interés del actual gobierno por modernizar el aparato estatal y atender demandas sociales históricas, aunque también plantea desafíos en su implementación y aceptación por parte de diversos sectores políticos y sociales.
Con estas reformas, el gobierno mexicano busca dar un paso hacia un modelo administrativo innovador y enfocado en los derechos ciudadanos.
