La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la convocatoria, los plazos y la estructura de la tómbola para la elección de personas juzgadoras, prevista para el 1 de junio de 2025. Esta decisión se tomó en una sesión pública a través de videoconferencia, donde se presentó una votación dividida, con los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes respaldando la propuesta, mientras que Reyes Rodríguez y Janine Otálora manifestaron su desacuerdo.
Uno de los puntos clave fue el cumplimiento del principio de paridad de género en los cargos judiciales, el cual según el TEPJF, será aplicable en todos los cargos judiciales a partir del 1 de septiembre de 2025. La convocatoria, en este sentido, se considera acorde con lo establecido en la Constitución y se subraya que no existirá ninguna suspensión en la estructura de la elección judicial.
En cuanto al proceso de selección, la Sala Superior precisó que el Senado de la República deberá informar sobre los jueces y magistrados sin adscripción definitiva o que ocupen plazas interinas. Además, confirmaron que no habrá restricciones indebidas respecto al tiempo para que los jueces decidan participar o declinen en el proceso. Este aspecto, según los magistrados, garantiza transparencia y máxima publicidad en el proceso electoral judicial.
Una parte importante de la discusión giró en torno a las impugnaciones presentadas por jueces y magistrados activos, que criticaron la convocatoria. Estos reclamos fueron desestimados por la mayoría del tribunal; sin embargo, el magistrado Rodríguez denunció irregularidades en el sistema de turnos de expedientes, argumentando que esto afectaba la percepción de imparcialidad del TEPJF.
En su opinión, el Senado no siguió el procedimiento establecido en el decreto de la reforma judicial y no consideró aspectos clave como especialización por materia y las vacantes existentes.
Una de las preocupaciones señaladas por Rodríguez es la brecha de género en la judicialización del país. Según su análisis, las mujeres ocupan solo el 36.8% de los juzgados, lo que representa una disparidad significativa. En este contexto, la inclusión de plazas de magistraturas de circuitos y juzgados de distrito encabezados por mujeres fue cuestionada, ya que la insaculación no cambió la brecha de género en los tribunales.
Este proceso y sus implicaciones para la independencia y equidad del poder judicial seguirán siendo un tema de debate.
