En un revelador mensaje en redes sociales, la actual alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, denunció una red de extorsión que operó durante la administración de Alfa González Magallanes (coalición PAN-PRI-PRD). Según Osorio Hernández, funcionarios de la pasada administración cobraban hasta 100 mil pesos a comerciantes para retirar sellos de clausura y, además, exigían pagos mensuales que eran depositados en cuentas personales.
La denuncia se basó en la información obtenida durante el proceso de entrega-recepción, donde se descubrió cómo los servidores públicos colocaban sellos en negocios y posteriormente exigían grandes sumas de dinero para permitir su funcionamiento. La alcaldesa explicó que, incluso después de realizar los pagos, muchos establecimientos seguían siendo objeto de clausuras y extorsiones, ya que las carpetas de investigación permanecían abiertas a pesar de que se entregaba el dinero exigido.
Osorio Hernández informó que ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Hizo un llamado a los comerciantes afectados a que sigan el ejemplo y denuncien los abusos, con el objetivo de que los responsables enfrenten todo el peso de la ley.
Según la alcaldesa, alrededor de 50 expedientes documentan estos actos de corrupción, mientras que se identificaron 205 expedientes inventados para continuar con las extorsiones. Además, Osorio detalló que no se trataba de casos aislados, sino de un sistema organizado en el que los funcionarios acordaban el monto de los sobornos dependiendo del tamaño y giro de los negocios.
La situación ya había sido denunciada previamente por los comerciantes, quienes organizaron una protesta en la explanada de la alcaldía el 21 de abril del año pasado. Los afectados, agrupados en la organización Comerciantes de los Pueblos de Tlalpan 14 de Abril, explicaron cómo el personal del Instituto de Verificación Administrativa acudía sin orden de revisión, exigiendo pagos a cambio de la regularización de establecimientos, especialmente en asentamientos irregulares.
Entre los negocios más perjudicados por esta red de extorsión se encontraban y distribuidoras de materiales para construcción, tortillerías, carnicerías,gimnasios, entre otros. Los abusos también afectaron a obras de construcción, que eran clausuradas por pretextos como la falta de un director responsable de obra, aun cuando se trataba de construcciones mínimas.
Este escándalo pone en evidencia los niveles de corrupción que se habrían dado en la administración anterior, y deja claro el compromiso de la nueva alcaldía de erradicar estos actos ilícitos y garantizar un gobierno transparente.
