La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que desde su creación ha sido una herramienta clave para la rendición de cuentas en México, se enfrenta ahora a una incierta situación tras la aprobación de la reforma que pone fin a los organismos constitucionales autónomos.
Este cambio, que ha provocado controversia y preocupación entre legisladores y organizaciones civiles, amenaza con desestabilizar el acceso a la información pública y comprometer más de 15 mil millones de registros que alberga la PNT, relacionados con contratos, facturas, expedientes y reportes.
Actualmente, la PNT almacena datos valiosos no solo del gobierno federal, que representa aproximadamente mil millones de registros, sino también de diversas entidades públicas en el país. Este volumen de información ha sido clave para garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía, pero la reforma en curso pone en duda su continuidad bajo la supervisión del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Datos Personales (INAI), cuya autonomía se ve debilitada.
Con el dictamen aprobado, la Secretaría de Buen Gobierno y Anticorrupción, antes parte de la Secretaría de la Función Pública, asumirá las facultades del INAI, sin embargo, la reforma elimina artículos fundamentales del Sexto Constitucional, como el que establecía la competencia de un organismo autónomo para asegurar la protección de los datos públicos. Según legisladores de oposición, esto podría significar un retroceso en el acceso a la información y en la protección de datos personales.
El futuro de la Plataforma Nacional de Transparencia también está en riesgo, pues su mantenimiento y supervisión pasarían a depender del gobierno federal, lo que ha generado críticas. La periodista Lilia Saúl, experta en el manejo de esta plataforma, alertó sobre la falta de mecanismos que sancionen a los funcionarios que se nieguen a entregar información. Además, señaló que la integridad de los archivos podría verse comprometida si no se establece una regulación clara para su resguardo y manejo.
En medio de la incertidumbre, los diputados de la oposición, como Héctor Saúl Téllez del PAN, han expresado su preocupación por la falta de un órgano garante que proteja estos registros cruciales. Aseguran que la reforma podría poner en peligro más de mil millones de archivos almacenados en la PNT y que son esenciales para que la ciudadanía pueda acceder a información sobre gastos públicos, contratos y servicios.
La situación plantea un reto para la legislación secundaria, que aún debe definir cómo se gestionarán y protegerán estos datos sensibles. De no tomarse medidas adecuadas, la transparencia y rendición de cuentas en México podrían verse gravemente afectadas.
