Es momento de afilar el lápiz hacia la elección del 2025. El Instituto Nacional Electoral (INE) enfrenta un reto significativo, garantizar la renovación de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF) con un presupuesto que podría ser reducido en un tercio respecto a los 13 mil millones de pesos solicitados. En este contexto, la institución analiza estrategias para abaratar los costos del proceso electoral, considerando medidas innovadoras y ajustes logísticos.
En conferencia de prensa, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, señaló que se están evaluando todas las áreas del instituto con el objetivo de encontrar opciones para reducir gastos. Una de las propuestas incluye la posibilidad de imprimir boletas en papel que no sea de seguridad, lo que podría representar un ahorro considerable.
“Estamos usando la creatividad y replanteando cada detalle para cumplir con el proceso, aunque los recursos no sean suficientes. Nuestro compromiso es garantizar la transparencia y legalidad de esta elección”, afirmó Taddei.
Otra alternativa mencionada por la presidenta del INE es la instalación de grandes centros de votación en lugar de las 172 mil casillas inicialmente planeadas. Esta medida, aunque práctica, plantea desafíos logísticos y de acceso para la ciudadanía.
El presupuesto: necesidad técnica
Ante críticas sobre el monto solicitado, Taddei defendió la cifra de 13 mil millones de pesos como un presupuesto fundamentado en la experiencia técnica del instituto.“Este presupuesto no es caprichoso. Cada peso está justificado en función de garantizar un proceso electoral robusto y transparente”, explicó.
Asimismo, negó haber asegurado al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que el INE podría realizar las elecciones el 1 de junio de 2025 sin inconvenientes. Según Taddei, el escenario planteado al legislador fue descrito como “complicado” debido a las limitaciones presupuestales.
Renuncias y cambios internos
Durante la misma conferencia, Taddei confirmó que Claudia Suárez, quien fungía como encargada de despacho de la Secretaría Ejecutiva del INE, presentó su renuncia el pasado miércoles. Aunque no se detallaron las razones de su salida, este cambio genera interrogantes sobre cómo afectará la planificación del proceso electoral.
378 aspirantes registrados hasta ahora
El proceso de inscripción para la elección judicial ha generado interés significativo. Hasta el 19 de noviembre, se habían registrado 378 aspirantes ante el Comité del Poder Judicial de la Federación, distribuidos de la siguiente manera:
- 224 aspirantes para Juzgados de Distrito.
- 112 interesados en Magistraturas de Circuito.
- 15 postulantes para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
- 5 interesados en magistraturas de Apelación.
- 3 candidatos para magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral.
De los aspirantes registrados, 263 son hombres y 115 son mujeres, reflejando una brecha de género en la participación. El plazo para inscribirse vence el domingo 24 de noviembre a las 23:59 horas, según la convocatoria emitida el 4 de noviembre.
Desafíos para el Poder Judicial
El Congreso de la Unión no ha otorgado una prórroga de 90 días solicitada por el INE para organizar el proceso. Esta negativa coloca al instituto en una posición de presión para ajustar tiempos y recursos.
El magistrado Eduardo Ríos, miembro del Comité del Poder Judicial, expresó su preocupación: “Reducir el presupuesto y acortar tiempos no solo compromete la logística, sino también la percepción pública de la legitimidad del proceso”.
Por su parte, la magistrada Laura Campos llamó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y exigió que el Congreso reconsidere la asignación presupuestal. “Es crucial que las elecciones del Poder Judicial cuenten con recursos suficientes para garantizar la independencia y transparencia que demanda este momento histórico”, enfatizó.
La elección judicial no solo es un tema administrativo, representa una oportunidad para fortalecer la confianza en las instituciones del país, pero la falta de recursos podría limitar la participación ciudadana y generar cuestionamientos sobre la capacidad del INE para organizar elecciones de gran escala en un contexto de austeridad.
Organizaciones civiles y académicas han expresado su respaldo al INE, reconociendo el desafío que representa organizar un proceso de esta magnitud con recursos limitados. “La elección de jueces y magistrados es clave para la democracia mexicana. Es vital que este proceso sea impecable”, comentó María López, directora del Observatorio Ciudadano para la Justicia.
A medida que el plazo para la inscripción de aspirantes se cierra y el INE ajusta sus estrategias, el proceso de elección judicial se perfila como un momento clave para el sistema político y judicial del país. La participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas serán elementos esenciales para el éxito de este ejercicio democrático.
El INE ha reiterado su compromiso de mantener la calidad y legalidad del proceso, independientemente de las limitaciones presupuestales. “Estamos aquí para servir a México y garantizar que cada elección sea un pilar de nuestra democracia”, concluyó Taddei.
