El expresidente peruano Pedro Castillo, será llevado a juicio por su intento fallido de disolver el Congreso y establecer un “gobierno de emergencia nacional” el 7 de diciembre de 2022. La decisión fue anunciada por el Poder Judicial, que concluyó la etapa de investigación y ordenó la programación del juicio, el cual podría iniciar en enero de 2025. Castillo, quien enfrenta acusaciones de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, podría recibir una sentencia de hasta 34 años de prisión.
Además de Castillo, otros tres de sus exministros también enfrentarán juicio. Betssy Chávez, quien era presidenta del Consejo de Ministros; Willy Huerta, exministro del Interior; y Roberto Sánchez, exministro de Comercio Exterior y actual congresista, están acusados de complicidad en el intento de romper el orden constitucional; para ellos, la Fiscalía solicita penas de 25 años de prisión.
El exjefe de gabinete, Aníbal Torres, quien actuó como asesor durante el fallido golpe, también está implicado y podría enfrentar una condena de 15 años de cárcel. Según el Ministerio Público, Torres tuvo un rol central en las decisiones que llevaron al intento de autogolpe.
Autogolpe que desató la crisis
El 7 de diciembre de 2022, Pedro Castillo anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso, la reorganización de las instituciones judiciales y la instauración de un toque de queda; sin embargo, su decisión fue rechazada de inmediato por el Congreso, las Fuerzas Armadas y diversos sectores de la sociedad. Horas después, Castillo fue destituido por el Congreso bajo el cargo de “incapacidad moral permanente” y detenido cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo.
El intento de golpe desató una ola de protestas en todo el país, tanto en apoyo como en rechazo a Castillo. Las manifestaciones dejaron un saldo de casi 50 muertos y decenas de heridos, además de generar una polarización política que aún persiste.
Defensa de Pedro Castillo
Desde su detención en diciembre de 2022, Castillo ha mantenido su inocencia y ha calificado su destitución como un acto inconstitucional. Durante una audiencia el pasado 18 de noviembre, Castillo declaró:
“Fui detenido arbitrariamente mientras aún era Presidente, violando mi inmunidad. Mi vacancia fue ilegal y producto de un Congreso que actúa como una Constituyente insurgente y de facto”.
El expresidente también cuestionó la legitimidad del actual Parlamento y afirmó que su detención fue un golpe disfrazado. Castillo argumenta que su intención era convocar elecciones anticipadas para reformar el sistema político y atender las demandas de los sectores más vulnerables.
Por su parte la Fiscalía ha presentado un caso sólido contra Castillo y sus colaboradores, argumentando que intentaron subvertir el orden democrático del país. Según la fiscal Elizabeth Peralta, los acusados no solo planearon, sino que ejecutaron acciones concretas para consolidar un régimen autoritario. Además, la Procuraduría General ha solicitado una reparación civil de más de 65 millones de soles, monto que deberán pagar todos los acusados en caso de ser encontrados culpables.
Impacto político y social
El intento de autogolpe de Castillo exacerbó la inestabilidad política que ha caracterizado a Perú en los últimos años. Durante su mandato de apenas 16 meses, Castillo enfrentó constantes enfrentamientos con un Congreso de mayoría opositora, cinco gabinetes ministeriales y la pérdida del apoyo de su propio partido, Perú Libre.
La crisis alcanzó su punto álgido con la asunción de Dina Boluarte, quien era vicepresidenta de Castillo y se convirtió en la primera mujer presidenta de Perú, sin embargo, Boluarte ha enfrentado cuestionamientos desde su llegada al poder, con sectores que la acusan de ser cómplice del Congreso en la destitución de Castillo.
El juicio contra Pedro Castillo también ha captado la atención de la comunidad internacional. La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han hecho un llamado al respeto del estado de derecho en Perú.
En el ámbito interno, la polarización política sigue siendo evidente, mientras algunos sectores defienden las acciones de Castillo como un intento legítimo de enfrentar un Congreso hostil, otros consideran su actuación como un ataque directo a la democracia.
Futuro del juicio
Con el inicio del juicio programado para 2025, la atención estará puesta en cómo el Poder Judicial maneja un caso que tiene profundas implicaciones políticas y sociales. El proceso será una prueba para la independencia de las instituciones peruanas, así como para su capacidad de garantizar justicia en un contexto de alta polarización.
Especialistas como el abogado constitucionalista César Azabache destacan que el juicio es una oportunidad para establecer precedentes claros sobre los límites del poder presidencial y la importancia de respetar el marco constitucional. “Este caso definirá cómo se entiende la democracia en el Perú del siglo XXI”, señaló.
El juicio contra Pedro Castillo no solo busca esclarecer los hechos de diciembre de 2022, sino también sentar las bases para un futuro político más estable en Perú. Con una sociedad profundamente dividida, el proceso judicial será un reflejo de los retos que enfrenta el país en su búsqueda de reconciliación y gobernabilidad.
El desenlace del caso marcará un antes y después en la historia política peruana, donde sus efectos podrían trascender las fronteras del país, enviando un mensaje claro sobre el respeto a la democracia en América Latina.
