22 noviembre, 2024

 

Desaparecen el obstáculo más grande para el gobierno, la rendición de cuentas y transparencia, justo a tiempo para una época de opacidad en el uso público de recursos, donde miles de millones de pesos serán usados de “buena fe” sin nadie que los pueda vigilar.

 

Orgullosos de su tarea y de manteles largos, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general la extinción de siete órganos autónomos, incluyendo el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), en un debate que expuso las tensiones políticas y sociales que ha generado esta iniciativa. Con 347 votos a favor y 128 en contra, la propuesta avanzó impulsada por Morena y sus aliados, pese a las críticas de la oposición, expertos y organismos civiles.

Órganos afectados

Entre los organismos que desaparecerán se encuentran la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) y el INAI. Según el dictamen aprobado, las funciones de estos órganos serán transferidas a dependencias de la administración pública federal.

 

La iniciativa, presentada en febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador e impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se argumenta bajo la premisa de reducir duplicidades y optimizar los recursos públicos. Sin embargo, los detractores advierten de los riesgos que esta concentración de poder representa para la democracia y la rendición de cuentas.

 

Argumentos a favor

La diputada Olga Sánchez Cordero, de Morena, defendió la reforma argumentando que permitirá “simplificar trámites y hacer más eficaz el servicio público”. Señaló que estas modificaciones buscan alternativas menos costosas para cumplir con las funciones que hoy realizan los organismos autónomos.

 

Por su parte, Katia Alejandra Castillo, también de Morena, aseguró que esta medida no busca centralizar el poder, sino “reestructurar y simplificar el Gobierno para optimizar la administración pública”. Castillo afirmó que los ciudadanos seguirán recibiendo los beneficios de la transparencia y regulación a través de las nuevas instancias que se crearán, como la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

Argumentos en contra

Diputados del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano alzaron la voz en contra de la iniciativa. Noemí Berenice Luna, del PAN, advirtió que el gasto que representan los organismos autónomos no supera el 1% del presupuesto federal y, en cambio, generan un impacto positivo al fomentar la rendición de cuentas. “El costo del INAI, por ejemplo, es de apenas 6 pesos anuales por mexicano. ¿Es realmente un gasto oneroso cuando hablamos de transparencia y derechos ciudadanos?”, cuestionó.

 

La legisladora agregó que la desaparición de estos órganos implica el riesgo de fortalecer monopolios y eliminar la participación ciudadana en procesos clave como la competencia económica y la regulación de energía.

 

Desde Movimiento Ciudadano, la diputada Irais Virginia Reyes calificó el dictamen como un “retroceso democrático” y una regresión hacia el autoritarismo. “Los organismos autónomos son contrapesos fundamentales para el Gobierno; su desaparición debilita los derechos ciudadanos”, subrayó.

Advertencia de los organismos afectados

Previo a la votación, el INAI emitió un posicionamiento en el que alertó sobre los riesgos de su extinción, enfatizando que millones de ciudadanos se verán afectados al perder acceso a herramientas que garantizan su derecho a saber y proteger su privacidad. Adrián Alcalá Méndez, comisionado presidente del INAI, expresó su preocupación por la falta de claridad en la legislación secundaria que establecería cómo operarán las nuevas dependencias.

 

“La transparencia y la protección de datos personales no están garantizadas en tanto no se diseñen las leyes necesarias para dar continuidad a estas funciones”, afirmó Alcalá. También advirtió que la transferencia de responsabilidades a la Secretaría de Anticorrupción podría resultar en una disminución en la calidad y efectividad de los servicios.

Reacciones en el Congreso

El debate en la Cámara de Diputados fue intenso y reflejó las profundas divisiones en torno a la propuesta. Mientras que los legisladores de Morena aplaudieron la medida como un paso hacia un Gobierno más eficiente, los opositores insistieron en que esta reforma representa un golpe a la democracia.

 

Durante la sesión, se destacó la intervención del diputado panista Jorge Triana, quien acusó a Morena de buscar la “hegemonía del poder” al debilitar las instituciones autónomas. “No se trata de optimización; se trata de control. Hoy el Gobierno quiere jugar sin árbitros”, señaló.

En respuesta, el diputado morenista Leonel Godoy defendió la iniciativa señalando que estos órganos, a su juicio, han sido históricamente ineficientes y costosos. “¿De qué sirve un INAI que no garantiza transparencia? Lo que buscamos es un cambio real”, argumentó.

Impacto en la sociedad

La desaparición de estos organismos representa un cambio significativo en la forma en que opera el Estado mexicano. Organizaciones civiles han señalado que la medida podría limitar el acceso a la información y reducir los contrapesos necesarios para evitar abusos de poder.

 

En redes sociales, ciudadanos, académicos y activistas expresaron su preocupación por las implicaciones de la reforma. El hashtag #DefiendeAlINAI se convirtió en tendencia, reflejando el descontento de diversos sectores de la población.

 

La discusión continuará en los próximos días con el análisis en lo particular de las reservas presentadas por la oposición. Se espera que el Senado reciba el dictamen en las próximas semanas, donde el debate promete ser igual de polarizado.

 

Mientras tanto, la extinción de los órganos autónomos se perfila como uno de los cambios estructurales más controversiales del actual sexenio, marcando un antes y un después en la relación entre el Gobierno y las instituciones que, hasta ahora, funcionaban como contrapesos esenciales en la democracia mexicana.

 

La pregunta que queda en el aire es si este proceso logrará los objetivos planteados por sus promotores o si, por el contrario, se convertirá en un ejemplo de los riesgos de concentrar el poder.