El Congreso de la Unión se encuentra en el centro del debate tras anunciar que, aunque solicitó un aumento presupuestal para 2025, planea reducir las subvenciones que otorga a los grupos parlamentarios, recursos clave para el trabajo legislativo.
De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2025, el Senado y la Cámara de Diputados recortarán cerca de 70 millones de pesos destinados a estas partidas, a pesar de pedir incrementos en sus presupuestos generales.
En el caso del Senado, se proyecta asignar 866.6 millones de pesos a la partida de “Otros Servicios Generales”, que incluye las subvenciones parlamentarias, lo que representa una reducción de 63.6 millones de pesos respecto a los 930.3 millones de este año. Por su parte, la Cámara de Diputados prevé destinar 1,625.9 millones de pesos a la partida de “Subsidios y Subvenciones”, una disminución de 5.6 millones en comparación con los 1,631.5 millones de 2024.
En contraste, ambas Cámaras han solicitado incrementos presupuestales para cubrir los efectos de la inflación:
- Cámara de Diputados pidió 9,602.6 millones de pesos para 2025, un aumento de 619.8 millones frente a 2024.
- Senado solicitó 5,227.7 millones de pesos, es decir, 272.5 millones más que este año.
Impacto en las subvenciones por legislador
Estas reducciones afectarán a todos los grupos parlamentarios. En el Senado, cada legislador pasará de recibir 605,698 pesos mensuales a 564,243 pesos, una disminución de 41,455 pesos al mes. En la Cámara de Diputados, el monto anual por diputado será de 3,251,846 pesos, lo que equivale a 270,987 pesos mensuales, apenas 938 pesos menos que este año.
La distribución de estas subvenciones depende del número de integrantes de cada grupo parlamentario, beneficiando más a las bancadas grandes. Aunque desde 2019 en el Senado y 2022 en Diputados las subvenciones comenzaron a reducirse, este ajuste representa el nivel más bajo en los últimos seis años.
Mientras tanto, la oposición ha anunciado una revisión exhaustiva. del Paquete Económico 2025, aunque sus votos no son suficientes para realizar modificaciones. Esta medida refuerza el debate sobre la eficiencia del gasto público en el Congreso, especialmente cuando se exige más transparencia y austeridad.
