El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal con sede en la Ciudad de México decidió por unanimidad negar la solicitud de libertad condicional al exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien enfrentará su juicio desde la prisión domiciliaria en su residencia ubicada en Lomas de Chapultepec.
La resolución fue tomada por los magistrados Francisco Javier Sarabia, Juan José Olvera López y Horacio Hernández Orozco, quienes argumentaron que el exfuncionario cuenta con medios y recursos suficientes para evadir a la justicia, a pesar de los problemas de salud que presentó su defensa, incluyendo enfermedades cardiovasculares y pulmonares.
Murillo Karam es procesado por su presunta participación en actos de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, alias “El Cepillo”, identificado como integrante del cártel Guerreros Unidos. Este grupo criminal fue señalado como responsable de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa en 2014, un caso que marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia reciente de México.
La decisión de los magistrados ratifica el fallo emitido en febrero pasado por el juez octavo de distrito de amparo en materia penal, Rubén Darío Noguera Gregoire, quien también rechazó otorgarle un amparo para acceder al beneficio de libertad condicional.
El tribunal colegiado argumentó que permitir la libertad condicional de Murillo Karam podría comprometer el proceso judicial debido a su capacidad para influir o interferir en las investigaciones, dada su posición de poder previa y sus recursos económicos.
El caso Ayotzinapa sigue siendo un tema de alto interés público. Murillo Karam, quien acuñó la controvertida frase de la “verdad histórica” para describir los hechos ocurridos, enfrenta un fuerte escrutinio por su presunto papel en la alteración de pruebas y encubrimiento de responsabilidades.
Con esta resolución, el exprocurador deberá continuar su proceso judicial desde su domicilio, en lo que representa otro paso en las investigaciones del caso Ayotzinapa, que aún exige justicia para las víctimas y sus familias.
Este fallo refuerza la postura del poder judicial en garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos y se mantengan los procedimientos legales bajo estricta vigilancia.
