En México, unos 523 niños y niñas enfrentan una infancia marcada por la privación de libertad de sus madres, ya que al vivir con ellas en las cárceles del país, enfrentan un entorno muy desfavorable para su desarrollo. Según datos del Observatorio de Prisiones, aunque estos niños puedan estar cerca de sus madres, sólo un tercio de ellos cuenta con acceso a espacios adecuados para el aprendizaje y el juego, como las ludotecas, que son áreas especialmente diseñadas para ofrecerles una infancia más saludable y un desarrollo socioemocional estable.
Las organizaciones en defensa de la infancia y los derechos humanos han lanzado un llamado urgente para que se implementen políticas públicas que aseguren mejores condiciones de vida para estos pequeños. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, destacó la importancia de estos espacios y la urgencia de reconocer a estos niños como una población vulnerable. “Es crucial que el Estado garantice que estos niños y niñas tengan entornos seguros y propicios para su desarrollo. No se puede permitir que crezcan en medio de la violencia o bajo la constante amenaza de grupos criminales”, comentó Pérez.
Entorno limitado para la niñez en prisión
De los 300 centros penitenciarios en México, únicamente 27 cuentan con áreas de educación temprana, tres con ludotecas y cuatro con bebetecas. Michoacán concentra la mayor cantidad de estos espacios, mientras que otras entidades como Ciudad de México, Estado de México, y Jalisco apenas cuentan con una instalación cada uno. En estos espacios, los niños pueden jugar y realizar actividades recreativas, algo que contribuye de manera significativa a su desarrollo emocional y social. Sin embargo, en muchos casos, estas áreas no son suficientes para satisfacer las necesidades de todos los menores en prisión.
“Un entorno adecuado no solo fortalece el vínculo con su madre, sino que también contribuye a su estabilidad emocional y social”, explica Alejandra Acevedo, presidenta de Grupo Pro Niñez. Acevedo, quien vivió cuatro meses en una prisión como parte de su labor, subrayó la importancia de que estos niños tengan acceso a áreas de convivencia y juego. “Es un espacio terapéutico que les ayuda a procesar emociones, reducir la ansiedad, fortalecer su autoestima y desarrollar habilidades sociales fundamentales para su desarrollo”, mencionó.
Legislación y los desafíos en la aplicación de derechos
La Ley Nacional de Ejecución Penal, en su artículo 10, establece los derechos de las mujeres privadas de su libertad y de los niños que viven con ellas en prisión, pero la realidad muestra que, aunque existen leyes que respaldan estos derechos, en la práctica los recursos y las condiciones adecuadas son escasos. Los desafíos de infraestructura y la falta de personal capacitado dificultan la implementación efectiva de programas que puedan ayudar a estos menores a vivir en condiciones más dignas.
Solo existen 18 centros penitenciarios exclusivos para mujeres, mientras que el resto son mixtos, lo que incrementa las dificultades para establecer espacios seguros y dedicados exclusivamente a las madres y sus hijos. Ante estas limitaciones, organizaciones como Reinserta trabajan para proveer apoyo psicológico y emocional tanto a las madres como a sus hijos, ayudándolos a lidiar con los efectos de la vida en prisión.
Isabella Sánchez, coordinadora de Intervención en el Estado de México para Reinserta, explicó que su organización cuenta con bebetecas en cuatro centros penitenciarios, entre ellos el de Santa Martha Acatitla en Ciudad de México. “Aquí trabajamos en la creación de programas de desarrollo temprano para que los pequeños puedan tener una infancia más normal. Estas ludotecas actúan como espacios seguros donde pueden aprender, desarrollar habilidades y mantener un vínculo saludable con sus madres”, afirmó Sánchez.
Niños en libertad, pero con una vida marcada
Mientras que los niños dentro de los centros penitenciarios enfrentan sus propios desafíos, aquellos que quedan fuera también están en una situación complicada. Son muchas las mujeres privadas de su libertad que tienen otros hijos en el exterior, los cuales deben adaptarse a una vida sin la presencia materna y enfrentan el estigma de ser hijos de personas en prisión.
Juan Martín Pérez subrayó la problemática que enfrentan estos niños, quienes muchas veces quedan a cargo de familiares o incluso pueden terminar en casas hogar. “Los niños de madres en prisión enfrentan un gran riesgo de exclusión y vulnerabilidad, desde abandono escolar hasta riesgo de abuso, y en algunos casos, el estigma los coloca en una situación que los empuja hacia trayectorias criminales”, comentó Pérez.
Ante esta situación, una opción considerada por algunos países, como Uruguay, es permitir la prisión domiciliaria para mujeres que no hayan cometido delitos de alto impacto, permitiéndoles así conservar el vínculo familiar y reducir las consecuencias negativas para sus hijos. Sin embargo, en México, esta política aún no es una realidad.
Infancia con pocas oportunidades
Para estos niños, la vida entre rejas significa perder las oportunidades de aprendizaje y de desarrollo personal. Además, enfrentan una barrera emocional y psicológica que puede tener repercusiones a largo plazo. De acuerdo con especialistas, el estrés al que están sometidos, el limitado acceso a programas educativos y la falta de espacios para el juego limitan sus posibilidades de crecimiento saludable.
Isabella Sánchez recordó cómo una salida recreativa para los niños de un penal en el Estado de México dejó una profunda impresión. “Un niño que salió a la playa cerró sus ojos con fuerza al volver al reclusorio. Cuando le preguntamos por qué, dijo: ‘No los quiero abrir para no olvidar cómo es la playa y poder contárselo a mi mamá’”, relató Sánchez, quien resalta la importancia de las experiencias externas y el contacto con otros entornos para estos menores.
Llamado a la empatía y la acción
Las organizaciones sociales y de derechos humanos en México llaman a una reflexión sobre el impacto que tiene la falta de atención a estos menores, y abogan por un cambio en la política pública que les permita vivir una infancia digna. La atención integral para estos niños no solo es un derecho humano fundamental, sino una inversión en una generación que merece crecer con oportunidades.
La atención a los niños que viven con sus madres en prisión y a aquellos que están fuera pero igualmente afectados por la situación, debe ser una prioridad para las autoridades mexicanas. La posibilidad de implementar medidas alternativas, como la prisión domiciliaria para casos no graves, podría marcar una diferencia en la vida de estos menores y reducir las consecuencias negativas de la separación familiar.
“Las infancias de estos niños deberían de transcurrir en espacios de juego, de convivencia y de amor, y no en entornos de encierro y restricción”, concluyó Juan Martín Pérez, quien reitera la urgencia de transformar las políticas y los entornos que rodean a estos menores. Con una visión más humanista y progresista, México puede marcar un cambio significativo en la vida de estas familias y construir un futuro con más empatía y respeto hacia los derechos de los niños.
