En un esfuerzo por reducir la violencia en los municipios más afectados de México, representantes de la Iglesia católica y activistas del Diálogo Nacional por la Paz (DNP), entregaron a la Secretaría de Gobernación (Segob) una propuesta de pacificación, con el objeto de que las autoridades implementen medidas en los lugares más conflictivos del país.
Este encuentro, liderado por Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Segob, se enfocó en crear estrategias que permitan restaurar la paz, fortalecer las comunidades y proteger especialmente a los adolescentes y jóvenes vulnerables.
“La construcción de paz debe involucrar a todos los sectores. Hoy presentamos una propuesta concreta para que cada entidad cuente con el apoyo necesario y podamos enfrentar esta realidad desde una base sólida que priorice la vida y dignidad de todos”, señaló Rodríguez Velázquez al recibir el documento del DNP.
Propuesta del DNP: Atención a zonas más violentas
La propuesta de pacificación entregada por el DNP incluye varios aspectos estratégicos para abordar la violencia, centrándose en la atención a las víctimas y en reforzar la institucionalidad local. Uno de los puntos clave es establecer un canal de comunicación permanente entre el DNP y Segob, permitiendo así actuar de manera oportuna en las situaciones de violencia. Este canal ayudará a mantener un flujo constante de comunicación para anticiparse y actuar de inmediato en momentos críticos.
Los activistas señalaron que municipios de estados como Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Baja California y Chihuahua son algunas de las zonas que requieren especial atención debido a los altos índices de homicidios registrados en los últimos meses. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2024, el 60.7% de la población adulta en México considera la inseguridad como el problema más grave del país, siendo estas entidades algunas de las más peligrosas.
Estrategias para la paz y la justicia
- Diálogo permanente: Un canal de comunicación entre la Segob y el DNP para atender de inmediato las situaciones de inseguridad y violencia.
- Atención a las víctimas: Ofrecer ayuda a quienes han sido afectados por delitos, especialmente a través de apoyo psicológico y asesoría jurídica para evitar que los crímenes queden impunes.
- Reconstrucción institucional: Reforzar las instituciones locales, sentando bases sólidas que permitan a las comunidades mantenerse resilientes y fortalecidas ante los desafíos de la violencia.
- Buenas prácticas en seguridad: Colaborar con autoridades y expertos para implementar prácticas que fomenten la seguridad y la cohesión social, impulsando modelos de justicia que fortalezcan el tejido social.
- Foco en los jóvenes: Prestar especial atención a adolescentes y jóvenes en riesgo de ser víctimas de la violencia o la delincuencia, creando un entorno que propicie su desarrollo en condiciones de paz.
Según el DNP, los esfuerzos de pacificación deben incluir un trabajo de campo en los municipios que concentran los mayores índices de violencia. Estos territorios serán monitoreados de cerca para atender las problemáticas de manera conjunta y eficiente. Además, se planteó la posibilidad de incluir iniciativas de mediación que integren a las familias y comunidades, en un intento por reducir los conflictos y la criminalidad desde la raíz.
Retos de la Iglesia católica ante la violencia
La reunión de la Iglesia y Segob ocurre en un contexto en el que la Iglesia católica ha sido afectada directamente por la violencia. Desde 2019, al menos once sacerdotes han sido asesinados por el crimen organizado, siendo el caso más reciente el del padre Marcelo Pérez en Chiapas, asesinado en octubre de 2024. Según el Centro Católico Multimedial (CCM), estos homicidios se deben a las actividades de apoyo que realizan muchos sacerdotes en comunidades vulnerables y entre poblaciones migrantes.
El Informe Internacional de Libertad Religiosa de 2023, publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, resaltó que sacerdotes y líderes religiosos en México enfrentan extorsión, amenazas de muerte y secuestros debido a la percepción de que disponen de recursos económicos y a su involucramiento en causas de justicia social.
“Los líderes religiosos tienen un papel clave en la construcción de paz, pero esta labor también los coloca en riesgo. Las comunidades necesitan protección, no solo para quienes buscan guiar, sino para cada ciudadano que enfrenta esta violencia a diario”, señaló uno de los líderes del DNP.
Llamado a la colaboración para combatir la inseguridad
El DNP también hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales a unirse a la estrategia de pacificación. La propuesta sugiere un enfoque integral que combine el fortalecimiento de las instituciones, la aplicación de buenas prácticas en seguridad y justicia, y una atención más cercana a los jóvenes y niños en situación de riesgo.
El diagnóstico que presentó la Iglesia muestra que las causas de la violencia en México son profundas y requieren medidas a largo plazo para construir un cambio efectivo. En este sentido, la colaboración entre organizaciones religiosas, el gobierno y las comunidades será crucial para reducir los niveles de violencia.
“Es fundamental que el gobierno trabaje con todos los sectores. No es una tarea de una sola institución; es un esfuerzo de todos. Es momento de restaurar la paz desde el tejido social, con medidas enfocadas en el bienestar y la justicia para las víctimas”, subrayó un representante de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
La urgencia de actuar en los estados más violentos del país es clara, y el DNP enfatizó que solo con un trabajo coordinado será posible obtener resultados duraderos. La secretaria Rosa Icela Rodríguez aseguró que la Segob estudiará a fondo la propuesta de pacificación y que establecerán un plan de trabajo conjunto para atender las necesidades prioritarias.
La propuesta de pacificación del DNP ofrece una perspectiva desde la comunidad y un enfoque en las causas de la violencia que puede complementar las acciones gubernamentales. La Segob reiteró su compromiso de dar seguimiento a la propuesta y de involucrar a las diferentes instancias de gobierno para reducir la violencia en el país y brindar un entorno seguro para todas las personas.
