La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto que revoca parcialmente la expropiación de terrenos destinada al Proyecto Tren Maya. Esta decisión afecta una superficie de 750 mil 734.660 metros cuadrados que había sido originalmente expropiada para la construcción de los tramos 1, 2, 3, 6 y 7 del Tren Maya; cuyo terreno afectado, incluye una extensión identificada como polígono T3/YUC-IZA/PRIV-EXPR/55, con una superficie específica de 10 mil 212.51 metros cuadrados.
Este cambio se debe a que el polígono T3/YUC-IZA/PRIV-EXPR/55 se encuentra dentro del Núcleo Agrario Kimbilá y por tanto, corresponde a propiedad ejidal, la cual tiene un régimen legal diferente al de la propiedad privada. La solicitud para anular la expropiación fue realizada por Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V. mediante el oficio FTM/EDVPP/1162/2024 fechado el 3 de septiembre de 2024, en el que se aclaró que el área en cuestión está bajo el régimen ejidal, lo cual limita su disposición para proyectos de infraestructura.
Esta revocación solo afecta el polígono T3/YUC-IZA/PRIV-EXPR/55, pero otros 90 inmuebles de propiedad privada distribuidos en estados como Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán continúan sujetos al decreto original de expropiación, con el objetivo de permitir el desarrollo del Tren Maya en estos territorios. Las localidades afectadas incluyen Palenque (Chiapas); Tenosique y Balancán (Tabasco); Escárcega y Dzitbalché (Campeche); así como Maxcanú, Chocholá, Umán, Mérida, Kanasín, Tixpéhual, Tixkokob, Cacalchén e Izamal (Yucatán); Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Othón P. Blanco, y Tulum (Campeche).
En otro decreto, publicado el mismo día en el DOF, la Sedatu estableció la expropiación de 14 hectáreas, 80 áreas y 40 centiáreas de tierras de uso común del ejido Kimbilá en el municipio de Izamal, Yucatán, destinadas a la construcción de infraestructura ferroviaria y otras obras complementarias del Tren Maya. Esta expropiación se realizó por causa de utilidad pública, justificando así su incorporación al proyecto.
Esta modificación en las políticas de expropiación subraya los desafíos de llevar adelante un proyecto de gran escala como el Tren Maya, que busca balancear el desarrollo de infraestructura con el respeto a las propiedades ejidales y los derechos de las comunidades locales.
