El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una encrucijada tras recibir una orden judicial que impone a cada uno de sus consejeros una multa de 54,285 pesos por desacatar una suspensión provisional emitida en septiembre pasado. La sanción, que fue determinada por el juez Francisco García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Colima, surge luego de que el INE no detuviera los preparativos para la elección judicial de 2024-2025, como se había ordenado.
El INE, por su parte, está evaluando sus opciones legales para responder a esta medida. Entre las alternativas, el instituto considera presentar un amparo contra la multa, ya sea de forma institucional, a nivel individual por parte de los consejeros, o ambas. Hasta el último corte, no se había recibido una notificación oficial de la sentencia, aunque la Junta Local de Colima, en representación del INE, había argumentado previamente que la suspensión del proceso electoral judicial era imposible de cumplir, debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación habían instruido al INE a continuar con la organización de los comicios.
Contexto detrás de la sanción por desacato
La disputa legal comenzó en septiembre, cuando un juez federal otorgó una suspensión provisional que ordenaba detener la preparación de las elecciones para la renovación de jueces, magistrados y ministros, programada para el próximo año. Sin embargo, el 24 de octubre, el Tribunal Electoral emitió una resolución que reiteraba la obligación del INE de continuar con el proceso electoral, citando que la organización de estos comicios es prioritaria y no debe ser interrumpida.
En este contexto, la Junta Local de Colima notificó al juez García Contreras que el INE no podía frenar el proceso electoral extraordinario, ya que el Tribunal Electoral había dispuesto que los trabajos continuaran. Aun así, el juez insistió en la orden de suspensión, y al no observar cumplimiento por parte del INE, impuso la multa como medida de presión.
INE bajo presión: 260 amparos interpuestos en su contra
La multa de 54,285 pesos para cada consejero es solo una de las múltiples demandas que enfrenta el INE en este proceso. Hasta la fecha, el instituto ha recibido aproximadamente 260 notificaciones de sentencias de amparo, la mayoría de ellas promovidas por ciudadanos y jueces del Poder Judicial, quienes cuestionan la legalidad del proceso electoral judicial y los cambios recientes en el Poder Judicial de la Federación.
La gran cantidad de amparos ha generado una sobrecarga administrativa y jurídica para el INE, obligando a sus consejeros a analizar detenidamente cada recurso. En este escenario, la reciente multa es percibida por algunos consejeros como un obstáculo adicional que podría afectar la continuidad de sus labores y la gestión de los comicios previstos para 2025.
¿Por qué el INE considera ampararse?
Para el INE, ampararse contra esta multa es una cuestión de principios y de defensa institucional. Uno de los argumentos es que, de acuerdo con el Tribunal Electoral, la organización de los comicios judiciales es una obligación que el INE debe cumplir sin interrupciones. La sanción impuesta por el juez García Contreras podría considerarse injusta, dado que el INE actuó bajo la directriz del Tribunal Electoral y en apego a la normativa que regula los procesos electorales.
En una sesión reciente, los consejeros discutieron la posibilidad de presentar el amparo y plantearon la opción de realizarlo de manera conjunta o individual. Según declaraciones de algunos funcionarios, el INE debe protegerse contra sanciones que a su juicio, podrían carecer de fundamento, dado que la organización de las elecciones judiciales no depende únicamente del instituto, sino también de los lineamientos emitidos por el Tribunal y la Suprema Corte.
Consecuencias y sanciones adicionales en caso de desacato
La situación podría agravarse si el INE no cumple con la suspensión provisional en los próximos días. El juez García Contreras ha advertido que, de no pagar la multa en el plazo estipulado de tres días, se impondrá una sanción adicional de 5,428 pesos a cada consejero. Además, el juez recordó que el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo contempla la posibilidad de penas más severas en casos de desacato, incluyendo multas mayores, inhabilitación para ocupar cargos públicos y hasta penas de prisión.
En respuesta a esta advertencia, algunos consejeros han subrayado la importancia de cumplir con el marco legal y, al mismo tiempo, defender el trabajo del instituto. La prioridad para el INE es proteger sus facultades y la autonomía en la organización de procesos electorales.
La multa y el análisis de un posible amparo han provocado un debate en torno a la independencia del INE y su papel en la organización de elecciones. Mientras que algunos analistas consideran que la medida judicial es un mensaje sobre el respeto a las disposiciones legales, otros defienden al INE, argumentando que ha actuado en el marco de sus atribuciones y en cumplimiento de directrices del Tribunal Electoral.
Desde la sociedad civil, diversas organizaciones han expresado su preocupación por la situación del INE y han manifestado su respaldo al instituto. Para muchos, el INE es un pilar en la consolidación de la democracia en México y su labor en la organización de elecciones debería ser respetada y protegida. Además, han resaltado que las medidas de presión y sanción deben ser cuidadosamente aplicadas para no comprometer la independencia del órgano electoral.
La situación actual coloca al INE en una posición inédita, al enfrentar una sanción económica y la posibilidad de mayores consecuencias legales. Los consejeros deberán tomar una decisión respecto a la procedencia de ampararse para proteger tanto sus derechos individuales como el funcionamiento del instituto.
