En un fallo que marca un punto crítico en la relación entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral (INE), Francisco García Contreras, juez Segundo de Distrito en Colima, ha impuesto una multa de 54,285 pesos a cada uno de los 11 consejeros del INE por desacato. El juez determinó que el órgano electoral no cumplió con la suspensión que ordenaba detener el proceso electoral extraordinario programado para junio de 2025, en el cual se elegirán jueces, magistrados y ministros, según lo establece la Reforma Judicial recientemente aprobada.
Motivos de la sanción y detalles de la resolución
El fallo emitido por García Contreras señala que la multa es resultado de la negativa del INE a acatar la suspensión dictada en septiembre pasado. La resolución ordenaba al organismo abstenerse de realizar cualquier actividad relacionada con la organización del proceso electoral extraordinario, incluida la emisión de acuerdos necesarios para su desarrollo, cómputo, vigilancia y fiscalización. A pesar de esta orden, el INE avanzó con los preparativos, lo que llevó al juez a aplicar la sanción.
“Se hace efectivo el apercibimiento contenido en los proveídos de 3 y 24 de octubre del año en curso al Consejo General del INE, por lo que se le impone la multa a cada uno de sus integrantes (Consejeros) una multa de $54,285.00,” se lee en la resolución del expediente 1125/2024.
Además de la sanción económica, el juez García Contreras concedió un nuevo plazo de 24 horas para que el INE suspenda el proceso electoral extraordinario, bajo las mismas condiciones de la orden original. La resolución aclara que si el organismo electoral no cumple nuevamente, se enfrentarán a una nueva multa, según establece la Ley de Amparo en su fracción III del numeral 262.
Reacciones dentro del INE y postura de los consejeros
El Consejo General del INE, representado en este caso por su Junta Local Ejecutiva en Colima, respondió a la decisión argumentando que, en su opinión, el proceso electoral extraordinario es necesario y se encuentra dentro de las facultades del instituto conforme a la reciente Reforma Judicial. Sin embargo, el juez García Contreras no consideró estos argumentos suficientes y reafirmó la necesidad de cumplir con la suspensión dictada en septiembre.
Según los consejeros, detener los preparativos afectaría la organización adecuada de las elecciones extraordinarias de junio de 2025. Un consejero que prefirió no ser identificado afirmó que “suspender el proceso en este momento puede comprometer el cumplimiento de plazos y poner en riesgo el desarrollo del proceso electoral en su totalidad.”
Instrumentación de la multa y medidas de cumplimiento
Para asegurar el cumplimiento de la multa, el juez García Contreras ha girado un oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de la Ciudad de México “1” para ejecutar el cobro de la sanción económica. El funcionario encargado deberá acreditar la aplicación de la sanción y, en caso de incumplimiento, podría enfrentar una multa adicional de 50 unidades de medida y actualización, equivalentes a 5,428.50 pesos.
Este tipo de medidas refuerzan la seriedad con la que el juez está abordando el desacato y reflejan la determinación del Poder Judicial para garantizar el respeto a sus decisiones en temas relacionados con la Reforma Judicial.
Contexto de la orden judicial y el desacato
La Reforma Judicial, publicada el 15 de septiembre, establece cambios significativos en el sistema de elección de jueces, magistrados y ministros, así como en la organización de procesos judiciales y administrativos. En este contexto, la orden de suspensión emitida por el juez García Contreras busca evitar que el INE realice actividades anticipadas para organizar el proceso electoral extraordinario, hasta que las condiciones legales estén plenamente aseguradas.
Sin embargo, el INE sostiene que, al ser el organismo encargado de los procesos electorales en el país, tiene la obligación de organizar cualquier proceso requerido por reformas constitucionales, incluyendo las modificaciones introducidas por la Reforma Judicial. Este conflicto subraya las tensiones actuales entre las autoridades judiciales y el INE, especialmente en la interpretación y aplicación de las nuevas disposiciones legales.
Analistas legales y expertos en derecho constitucional han comentado que la situación resalta la importancia de respetar las decisiones judiciales, independientemente de los desafíos operativos que puedan presentar. La abogada constitucionalista Ana María Zamora señaló: “Este caso es un ejemplo claro de los conflictos entre poderes que pueden surgir con una reforma judicial de esta magnitud. Si bien el INE tiene responsabilidades muy específicas, debe respetar los mandatos judiciales para asegurar la coherencia y legitimidad del sistema.”
En el ámbito político, la sanción ha generado reacciones diversas. Legisladores de la oposición han cuestionado la aplicación de multas a los consejeros del INE, argumentando que esta medida afecta la autonomía del instituto y limita su capacidad de operación en un momento crítico para la democracia mexicana. En contraste, legisladores cercanos al gobierno han respaldado la decisión del juez García Contreras, indicando que es un recordatorio de que ninguna institución está por encima de la ley.
La multa de 54,285 pesos a cada consejero del INE por desacato es un acontecimiento sin precedentes en la relación entre el Poder Judicial y el Instituto Nacional Electoral. Esta sanción es, además de una penalización económica, una advertencia sobre la importancia de respetar las suspensiones y órdenes judiciales en el marco de la Reforma Judicial. El desenlace de este caso dependerá de la respuesta del INE en las próximas horas, así como de los siguientes pasos que adopte el Poder Judicial si el desacato persiste. Por lo pronto, la situación evidencia las complejidades y tensiones que surgen en la implementación de reformas que afectan a múltiples poderes e instituciones en México.
