De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México viven 126 millones 014 mil 024 personas, de las cuales la población de 65 años o más ascendió a 9 millones 763 mil 558 personas, representando el 7.7 % de la población total; un sector poblacional que solo por su edad, podría estar próximo a jubilarse y a tramitar una pensión, bajo el supuesto de que éste en su totalidad hubiera cotizado.
Un universo poblacional que de inicio es importante conocer ante el proyecto de Reforma al Sistema de Pensiones anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que ha generado un debate sobre sus implicaciones y posibles beneficios.
Según el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, esta propuesta busca modificar el requisito de semanas cotizadas para acceder a una pensión garantizada de 25 años laborados, para reducir los tiempos a tan solo 15 años.
Beneficios para los Trabajadores:
Si esta reforma es aprobada, se espera que el trabajador promedio aumente su pensión en un significativo 40%, según Herrera. Además, se busca reducir la carga económica para aquellos trabajadores que están a punto de jubilarse en los próximos 4 a 6 años. Este enfoque aliviaría la situación financiera del gobierno al pensionar a un grupo de personas que, de lo contrario, no tendrían acceso a una pensión debido al número de semanas cotizadas en el mercado laboral formal.
Detalles Claves de la Propuesta:
La reforma se enfoca específicamente en modificar la Ley del Seguro Social de 1997, lo que significa que los cambios afectarán a quienes comenzaron a cotizar a partir del 1 de julio de 1997. Aquellos bajo la ley de 1973 quedarían excluidos y su esquema de pensiones permanecería sin modificaciones.
La propuesta también pretende potenciar dos figuras de solidaridad social ya presentes en la Ley de 1997: la cuota social y la pensión mínima garantizada. La reducción en el número de años cotizados implica aumentar los derechos de los que cotizan, especialmente en beneficio de los trabajadores de menores ingresos.
Desafíos y Desventajas:
A pesar de los posibles beneficios, la reforma no está exenta de desafíos. Según el especialista en Derecho Público y Seguridad Social, Carlos Matute, la propuesta podría tener implicaciones fiscales al aumentar la aportación del empleador, lo que se traduciría en un aumento del 4 al 7% en los costos de la nómina. Esto, a su vez, podría conducir a un aumento en los precios de bienes y servicios, generando un posible efecto de competencia desleal entre empresas formales e informales.
Además existe la preocupación de que el aumento de los costos laborales pueda llevar a despidos y una mayor informalidad laboral, desvirtuando el propósito original de la reforma. Para contrarrestar estas desventajas, se plantea eliminar impuestos sobre nómina y explorar estrategias empresariales para absorber los nuevos costos.
Si bien el proyecto brindaría acceso a una pensión garantizada para un mayor número de trabajadores próximos a jubilarse y mejorar sus condiciones, es fundamental abordar los desafíos fiscales y laborales que podrían surgir. La responsabilidad compartida entre gobierno, empresarios y trabajadores será crucial para garantizar el éxito de esta reforma y su impacto positivo a largo plazo.
