El Congreso de la Unión ha dado un paso que marca la historia legislativa de México. A partir del 1° de noviembre de 2024, la llamada “Supremacía Constitucional” es ley, tras una rápida aprobación por la Cámara de Diputados y el Senado, seguido por el aval de 23 congresos estatales. Esta reforma blinda a la Constitución Mexicana de cualquier juicio de amparo, controversia o acción de inconstitucionalidad, otorgando a Morena y sus aliados el control sobre las modificaciones a la Carta Magna sin posibilidad de revisión judicial.
Aprobación exprés y validación en el Diario Oficial de la Federación
La reforma fue validada en tiempo récord. La Cámara de Diputados celebró una sesión de solo 15 minutos el 31 de octubre para oficializar la declaratoria de validez, seguida por el Senado, que hizo lo propio en medio de una polémica sesión. La Presidencia de la República, encabezada por Claudia Sheinbaum, publicó la reforma en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), lo cual asegura su entrada en vigor 24 horas después.
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, comentó que esta declaración de validez establece un precedente que blinda la Constitución de ataques judiciales, señalando que “esta es una victoria para el pueblo y para la voluntad legislativa”.
Debate en la Cámara: Morena frente a la oposición
En la sesión de la Cámara de Diputados, la oposición se ausentó en protesta contra la reforma. Los partidos PAN, PRI y MC habían anunciado su ausencia para evitar “convalidar” la enmienda. Con un quórum de 253 legisladores, el mínimo necesario para aprobar la reforma, Morena y sus aliados lograron avanzar, pero la polarización fue evidente.
Ricardo Monreal Ávila, coordinador de Morena en la Cámara, subió a la tribuna para defender la reforma, calificándola como “la más profunda en 200 años de historia constitucional”. Monreal explicó que la reforma garantiza que las decisiones del Congreso no puedan ser revocadas por jueces, evitando lo que él llamó “abusos de la toga”.
“Es falso que se termine con el juicio de amparo o con las acciones de inconstitucionalidad”, afirmó Monreal, dirigiéndose a sus compañeros legisladores de Morena. En sus palabras, esta medida “protege” a la Constitución de interpretaciones judiciales que según él, desvirtúan la voluntad popular representada en el Congreso.
Validación en el Senado y un debate de enfrentamiento
El Senado no estuvo exento de controversias. En la sesión para declarar la validez de la reforma, Alejandro Moreno Cárdenas, líder del PRI, protagonizó un tenso enfrentamiento con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. En medio de un acalorado intercambio, Moreno exigió que se permitiera a la oposición hablar en contra de la reforma, a lo que Fernández Noroña respondió tajantemente: “¡No me grites!” Este cruce de palabras casi desencadena un altercado físico, que fue contenido cuando otras senadoras de Morena, como Judith Díaz, se unieron para calmar la situación.
El senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, defendió la reforma, argumentando que se trata de un cambio fundamental en la historia jurídica de México. “Este país debe ser gobernado por el pueblo, no por jueces”, comentó López Hernández, evocando al jurista Mariano Otero, creador de la Ley de Amparo. A su juicio, esta reforma es un paso necesario para asegurar que la voluntad legislativa no sea obstaculizada por el Poder Judicial.
Estados que respaldaron la Reforma
Con el respaldo de 23 congresos estatales, la reforma superó la mayoría requerida de 17 votos, entre los estados que aprobaron la reforma en menos de 24 horas incluyen Baja California, Guerrero, Puebla y la Ciudad de México; lo que permitió que el Congreso de la Unión formalizara la declaratoria de validez. Verónica Camino, secretaria de la mesa directiva del Senado, enumeró cada uno de los estados que apoyaron la reforma, y Fernández Noroña finalizó el proceso enviando el decreto al DOF para su publicación.
Reacciones de la 0posición: Denuncias de “Ley de Herodes”
La reforma de “supremacía constitucional” ha generado rechazo de la oposición, que denuncia un atentado contra los derechos constitucionales y el equilibrio de poderes. Claudia Anaya, senadora del PRI, protestó enérgicamente, acusando al Congreso de “llenar el proceso de irregularidades” al impedir que los senadores de oposición tomaran la palabra. Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, criticó la reforma calificándola de “Ley de Herodes” y sentenció que esta medida deja a la ciudadanía sin opciones de defensa: “o te chingas o te jodes.”
Alejandro Moreno, conocido como “Alito”, también criticó a Morena por “atropellar” la Constitución. Moreno argumentó que esta reforma es un intento del gobierno de mantener un poder absoluto, que deja al pueblo mexicano sin medios para proteger sus derechos.
Ignacio Mier, vicecoordinador de Morena, refutó las acusaciones de Moreno, acusando a la oposición de querer mantener un sistema judicial que proteja sus intereses económicos y políticos. “El PRI y sus aliados no se oponen a la reforma por amor a la justicia, sino porque quieren mantener un andamiaje legal para proteger sus privilegios,” afirmó Mier.
¿Qué cambia con la Reforma de Supremacía Constitucional?
La reforma de “supremacía constitucional” representa un cambio fundamental en el sistema de contrapesos en México, limitando la capacidad del Poder Judicial para revisar y anular reformas a la Constitución. A partir de su entrada en vigor, las reformas constitucionales impulsadas por Morena y sus aliados serán definitivas y no estarán sujetas a revisión judicial. Esta medida asegura que el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República tengan la última palabra en temas constitucionales.
Para Monreal y otros legisladores de Morena, este cambio era necesario para evitar lo que consideran un abuso de los juicios de amparo y las controversias constitucionales, que en su opinión han sido usados para bloquear reformas populares. La reforma establece que ninguna adición o modificación a la Constitución puede ser impugnada, asegurando, en palabras de Monreal, “la soberanía legislativa del país.”
Publicación y entrada en vigor
Con la publicación en el DOF, el decreto entró en vigor el 1° de noviembre, convirtiendo la “supremacía constitucional” en una realidad. Gerardo Fernández Noroña anunció que el Senado solicitará de inmediato a la Suprema Corte que sobresea todos los recursos presentados en contra de la reforma judicial. Esta acción busca garantizar que la nueva ley no enfrente obstáculos judiciales, protegiendo los cambios impulsados desde el Congreso.
Aunque los defensores de la reforma la consideran un avance hacia una justicia legislativa sólida, los críticos alertan sobre el potencial debilitamiento de los derechos ciudadanos y la independencia judicial. La presidenta Claudia Sheinbaum defendió la reforma como una medida republicana y afirmó que está en sintonía con el artículo 133 de la Constitución, que establece la Carta Magna como “la ley máxima.” En respuesta a las críticas, Sheinbaum aseguró que la medida “no viola” la Constitución y que se mantendrá dentro del estado de derecho.
La controversia sobre la reforma de “supremacía constitucional” plantea un reto para el futuro de los derechos constitucionales en México. En un país donde los contrapesos han sido un pilar de la democracia, esta reforma reconfigura el papel de cada poder y plantea interrogantes sobre la separación de poderes. Aunque sus efectos son inmediatos, su impacto a largo plazo sigue siendo un tema de debate que continuará en los tribunales y en la arena política.
Con la “supremacía constitucional” en marcha, el control sobre la Carta Magna permanece en manos de Morena y sus aliados, abriendo una nueva etapa en la historia política de México que será observada de cerca por ciudadanos, expertos legales y la comunidad internacional.
