El Poder Judicial enfrenta una renuncia masiva sin precedentes: ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y más de 845 jueces y magistrados han notificado al Senado que no participarán en las elecciones de 2025 para conservar sus cargos a través del voto popular. Este acto es una respuesta directa a la reforma judicial que plantea la elección popular de jueces y magistrados, un cambio radical al sistema judicial que, en opinión de muchos, compromete la autonomía de los jueces.
Esta ola de renuncias implica que más de la mitad de los juzgadores federales decidieron abandonar sus puestos, con efecto programado para agosto de 2025. En total, el Poder Judicial federal está compuesto por mil 699 impartidores de justicia; por lo tanto, estas dimisiones representan una sacudida que afecta directamente a la independencia de los jueces y a la estructura de justicia en México.
La renuncia de los ministros: un acto de congruencia
Entre los ministros que presentaron su dimisión se encuentran figuras destacadas de la SCJN como Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Juan Luis González Alcántara Carrancá. En sus cartas, estos jueces expresaron su inconformidad con la reforma judicial, afirmando que su decisión de renunciar es una muestra de respeto a sus principios y a la Constitución.
La ministra Margarita Ríos Farjat, además de su renuncia, adelantó que declinará su haber de retiro y destinará esos recursos a programas de ayuda para menores en situación de vulnerabilidad. En su carta, explicó que no está dispuesta a aceptar una jubilación derivada de condiciones impuestas por una reforma que considera inconstitucional.
Norma Piña, presidenta de la SCJN, también envió una carta al Senado donde manifestó que su renuncia “no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara Carrancá enfatizaron en sus respectivas cartas que su dimisión no debe interpretarse como una aceptación tácita de la reforma judicial, sino como una decisión personal en defensa de la imparcialidad de la justicia.
El contexto de la reforma judicial
La reforma judicial, que incluye la elección popular de jueces, magistrados y ministros, ha sido motivo de gran controversia. Para muchos de los jueces y ministros, la reforma pone en riesgo la independencia judicial, dado que la elección popular podría politizar el sistema judicial. La reforma también introduce un sistema de sorteo que decidirá cuáles jueces irán a elección en 2025 y cuáles en 2027.
El pasado 12 de octubre, 711 juzgadores fueron seleccionados en una tómbola para participar en las elecciones de 2025. Sin embargo, hasta las 18:00 horas del día de ayer, el Senado había recibido notificaciones de renuncia de 503 magistrados y 342 jueces, que manifestaron su decisión de no someterse a un proceso que, en su opinión, contradice la imparcialidad judicial.
Congreso extiende el plazo para recibir notificaciones
Ante el elevado número de renuncias, la Mesa Directiva del Senado decidió extender el horario de recepción de las cartas de renuncia hasta las 00:00 horas. Esta decisión subraya la magnitud de la desbandada que atraviesa el Poder Judicial, ya que inicialmente el plazo estaba programado para concluir a las 19:00 horas.
El diputado Javier Octavio Herrera Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, expresó su preocupación por el impacto que tendrá la salida masiva de jueces y magistrados en la operatividad del sistema de justicia y en la estabilidad institucional.
Reacciones en el Senado y en la sociedad
Las cartas de renuncia han generado un intenso debate en la Cámara de Diputados y en el Senado. Algunos legisladores, como Andrea Chávez Treviño, presidenta de la Comisión de Bienestar, ven la reforma como una oportunidad de acercar el Poder Judicial a la ciudadanía; sin embargo, esta postura es rechazada en gran medida por los propios jueces.
El presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, calificó la reforma como “un atentado a la autonomía judicial” y ha respaldado la decisión de los ministros de abandonar sus cargos. En su opinión, la reforma representa una “ingerencia política sin precedentes en el Poder Judicial”.
Un futuro incierto para la justicia en México
La renuncia de más de 800 jueces y magistrados y de la mayoría de los ministros de la SCJN plantea interrogantes sobre el futuro del sistema judicial en México. Si bien la reforma busca democratizar el acceso a la justicia, la desbandada de jueces sugiere que muchos en el Poder Judicial perciben este cambio como una amenaza a la autonomía y al ejercicio imparcial de la justicia.
Por lo pronto, la falta de estos jueces y ministros experimentados podría desencadenar una crisis en los tribunales federales, que ya enfrentan sobrecarga de trabajo y limitaciones de recursos. Se espera que la situación se complique a medida que la fecha de las elecciones se acerque y la incertidumbre sobre la composición del Poder Judicial persista.
La renuncia masiva de jueces y ministros es un reflejo de la tensión que genera la reforma judicial en los órganos de impartición de justicia. Mientras el Congreso y el Ejecutivo avanzan con sus planes, el Poder Judicial enfrenta una prueba de resistencia que marcará el rumbo del sistema de justicia en el país.
