21 noviembre, 2024

 

La reciente ola de renuncias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado interés y debate sobre los beneficios económicos que reciben los ministros tras dejar el cargo. Ocho de los 11 ministros, entre ellos Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá y la presidenta Norma Piña, decidieron renunciar para asegurar el derecho a su pensión vitalicia, en lugar de postularse en la elección de 2025.

¿Qué implica el “haber de retiro” de los ministros?

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF) establece que, al retirarse, los ministros tienen derecho a una pensión vitalicia o “haber de retiro” equivalente a su salario mensual. Durante los dos primeros años de retiro, el monto corresponde al 100% de su ingreso, y después se reduce al 80% de forma indefinida. En el caso de los ministros que no alcanzan los 15 años de servicio, como es el caso de Ríos Farjat, el monto de la pensión se ajusta proporcionalmente a sus años de desempeño en la Corte.

 

Actualmente, el salario mensual neto de un ministro es de aproximadamente 206,948 pesos. Así, en los primeros dos años de retiro, los ministros pueden recibir este monto íntegro, y después un 80%, es decir, 165,558 pesos mensuales. Sin embargo, algunos ministros, como Ríos Farjat, han renunciado a recibir estos beneficios económicos como un acto de protesta ante la reforma judicial.

 

¿Por qué renunciaron los ministros?

La reciente reforma al Poder Judicial plantea que, a partir de junio de 2025, se realice una elección popular de ministros, jueces y magistrados, lo que ha generado preocupación entre los actuales integrantes de la SCJN. Según la reforma, aquellos que opten por no postularse perderían el derecho a su pensión a menos que presenten su renuncia antes del 24 de noviembre de 2024. Esta disposición motivó a ocho ministros a tomar la decisión de dejar su puesto y asegurar su pensión.

 

Los ministros que presentaron su renuncia en las últimas semanas incluyen a Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Javier Laynez Potisek, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Norma Piña Hernández. La ministra Ríos Farjat, sin embargo, decidió renunciar a la pensión vitalicia en un gesto de integridad y para “mantener su dignidad y libertad personal.”

Estructura de las pensiones en la SCJN

De acuerdo con el Artículo 163 de la LOPJF, el monto de la pensión se calcula con base en los años de servicio de cada ministro. Aquellos que completan 15 años tienen derecho a recibir el 100% de su salario mensual durante dos años y el 80% de manera vitalicia. Para quienes tienen menos tiempo, la pensión se ajusta de forma proporcional. Los montos aproximados de las pensiones mensuales para los ministros que recientemente renunciaron son:

  • Ana Margarita Ríos Farjat: 76,570 pesos (5 años de servicio)
  • Juan Luis González Alcántara Carrancá: más de 90,000 pesos (6 años)
  • Javier Laynez Potisek: 134,516 pesos (9 años)
  • Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: 175,905 pesos (13 años)
  • Alberto Pérez Dayán: 175,905 pesos (13 años)
  • Jorge Mario Pardo Rebolledo: 198,670 pesos (14 años)
  • Norma Piña Hernández: 134,516 pesos (9 años, presidenta desde 2023)

 

Además, los ministros retirados reciben prestaciones adicionales durante los primeros dos años, como el pago de aguinaldo, prima vacacional y una cuota de riesgo. A partir del tercer año, solo se mantiene el pago de aguinaldo anual.

Críticas a las pensiones: ¿beneficio legítimo o gasto excesivo?

La pensión vitalicia de los ministros ha generado controversia, con algunas voces críticas que la consideran un gasto excesivo para el erario. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha pronunciado sobre el tema, señalando que los ministros renunciaron para “llevarse un montón de dinero” por concepto de haber de retiro. La ministra respondió que su decisión no tiene fines económicos, y varios ministros han defendido la legalidad de este beneficio como un reconocimiento a sus años de servicio.

 

Según datos del Poder Judicial obtenidos vía la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el costo anual de las pensiones de 32 ministros en retiro, que incluyen 13 pensiones a cónyuges de ministros fallecidos, asciende a más de 60 millones de pesos.

 

Reacciones de los ministros y el Senado

La ministra Margarita Ríos Farjat, quien se retira en agosto de 2025, decidió renunciar al haber de retiro como una postura ética y afirmó en su carta que “seguirá desempeñando fielmente” sus funciones hasta la fecha de su salida. La presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, quien también renunció, destacó que su decisión es un acto de respeto a la independencia judicial y que continuará trabajando hasta que se haga efectiva su renuncia.

 

Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña señaló que el Senado podría debatir la aceptación de estas renuncias, lo que abriría un nuevo capítulo en la historia de las pensiones y el papel del Senado en la separación de poderes. En respuesta, algunos ministros han manifestado su descontento, destacando que su renuncia es irrevocable y que el Senado debería respetar su decisión.

 

Impacto a largo plazo en el Poder Judicial

Las renuncias de los ministros han sentado un precedente histórico en el Poder Judicial de México, y su decisión de asegurar la pensión mediante la renuncia ha dejado abierta la pregunta sobre el equilibrio entre independencia judicial y la influencia de reformas políticas. La elección de ministros en 2025 será el primer proceso de este tipo en el país, y el escenario plantea incertidumbre sobre cómo la renovación del tribunal impactará la administración de justicia en México.

 

Las recientes renuncias en la SCJN y el debate sobre las pensiones vitalicias reflejan las tensiones políticas en torno a la independencia del Poder Judicial en México. La reforma del Poder Judicial y la elección de ministros en 2025 marcarán un punto decisivo para la institución, con implicaciones para la autonomía y el rol de los jueces en la estructura de gobierno del país.