El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en un momento crucial tras los recientes cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), que han incrementado las facultades de su presidenta, Guadalupe Taddei. Seis consejeros del INE sometieron a votación la posibilidad de interponer una controversia constitucional contra esta reforma, con la esperanza de obtener el respaldo del Consejo General del INE y así defender el carácter colegiado del órgano electoral.
Las modificaciones a la LGIPE, publicadas el pasado 14 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), han generado una controversia que está lejos de resolverse. La reforma al artículo 45 otorga a la presidencia del INE la facultad de nombrar de manera unipersonal a los directores ejecutivos, sin necesidad de contar con el consenso del Consejo General, un poder que hasta ahora se distribuía de manera colegiada. También se amplían las atribuciones de la Junta General Ejecutiva en materia de organización electoral y administración del instituto, funciones que anteriormente estaban reservadas a las consejerías y al propio Consejo.
La consejera Carla Humphrey, junto a sus colegas Claudia Zavala, Dania Ravel, Jaime Rivera, Arturo Castillo y Martín Faz, solicitó a la secretaria ejecutiva del INE, Claudia Suárez, incluir en la agenda de la sesión de hoy un punto para votar la pertinencia de impugnar estos cambios legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante una controversia constitucional.
Declaraciones de los Consejeros: Defensa del Carácter Colegiado del INE
Desde que se aprobó la reforma en el Senado, varios consejeros han expresado su preocupación. La consejera Carla Humphrey comentó en la red social X: “Preocupada, observo sesión del Senado que delibera sobre reforma legal que terminaría con la colegialidad del Consejo General del INE. Tema ausente en las iniciativas presidenciales, pero incluido en comisiones de última hora”. Para Humphrey, la reforma representa una amenaza directa a la independencia del INE, pues permite que decisiones clave sean tomadas sin el consenso del Consejo General.
El consejero Martín Faz, quien también mostró su inquietud, publicó un hilo en el que explicó cómo las nuevas atribuciones de Taddei “destruyen el carácter colegiado del Consejo General del INE”. Faz añadió: “Aprovechando la reforma en torno a las elecciones del Poder Judicial, un senador introdujo una reserva que, sin consulta previa, otorga a la presidencia del INE atribuciones unipersonales para nombrar a las direcciones ejecutivas”. Esta reserva, que fue aprobada en comisiones del Senado, ha generado un debate sobre la falta de transparencia y el impacto que estos cambios podrían tener en la autonomía del INE.
Por su parte, el consejero Jaime Rivera manifestó en un comunicado que “una de las garantías de la autonomía y la imparcialidad del INE ha sido el carácter colegiado y público de sus decisiones importantes, incluida la designación de cargos directivos. La mayoría legislativa parece empeñada en abolir esos principios”. Rivera destacó que la colegialidad no es solo una característica organizativa, sino una garantía de imparcialidad para el sistema electoral mexicano.
Proceso para la controversia Constitucional
De acuerdo con la ley, únicamente los órganos de Estado están facultados para interponer controversias constitucionales. Esto significa que los consejeros del INE requieren la aprobación del Consejo General para que la secretaria ejecutiva del instituto, Claudia Suárez, pueda presentar formalmente el recurso ante la SCJN, respaldada por la Dirección Jurídica del INE.
Los seis consejeros buscan el respaldo de sus colegas en el Consejo General para llevar el caso a la Suprema Corte. Este paso legal permitiría que el máximo tribunal del país determine si las modificaciones a la LGIPE violan o no los principios de autonomía y colegialidad del INE, mismos que han sido pilares fundamentales para garantizar la imparcialidad y transparencia en los procesos electorales en México.
Repercusiones para la democracia y el futuro del INE
El debate en torno a las nuevas facultades de Taddei tiene implicaciones significativas para el futuro del INE y, en última instancia, para la democracia en México. La reforma llega en un momento en que el órgano electoral enfrenta múltiples desafíos, entre ellos la organización de las elecciones de 2024 y el debate sobre la desaparición de los órganos autónomos, una discusión en curso en el Congreso.
Diversas organizaciones civiles y académicos han advertido sobre los riesgos de concentrar el poder en una sola persona dentro del INE, destacando que una estructura colegiada es esencial para mantener el equilibrio y la independencia en la toma de decisiones electorales. El Centro de Estudios Políticos de la UNAM, en un reciente análisis, señaló que “concentrar las decisiones ejecutivas en una sola persona podría comprometer la neutralidad del INE y su capacidad para garantizar elecciones libres y justas”.
Si el Consejo General aprueba la propuesta de los seis consejeros, el INE estaría dando un paso crucial para desafiar los cambios legales ante la Suprema Corte. De ser aceptada la controversia constitucional, la SCJN analizará la validez de las modificaciones y emitirá una sentencia que podría restablecer el carácter colegiado de las decisiones clave en el INE.
Por el contrario, si el Consejo General rechaza la propuesta, los consejeros críticos de la reforma podrían quedar limitados a seguir exponiendo sus preocupaciones en el ámbito público. Esto abriría la puerta a una serie de cuestionamientos sobre la capacidad del INE para mantener su independencia y autonomía, especialmente en un contexto electoral tan crucial como el de 2024.
