El reciente cambio legislativo en México que prohíbe impugnar enmiendas constitucionales aún podría ser cuestionado ante tribunales, según han explicado jueces federales. Aunque esta reforma, aprobada en el Senado con 85 votos a favor y 41 en contra, incluye nuevas disposiciones que limitan los juicios de amparo y otras acciones de inconstitucionalidad, expertos del Poder Judicial afirman que aún existen caminos legales para retarla.
Durante la conferencia conocida como la “Contramañanera” del Poder Judicial, el magistrado Juan José Olvera López explicó que, aunque la reforma ya fue aprobada en el Senado, todavía está en manos de los legisladores y no ha llegado a los tribunales, por lo que es “demasiado pronto para declarar su éxito”.
Olvera López detalló que, mientras el proceso avanza en el Congreso, es posible que en el futuro se presenten juicios de amparo, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Explicó que el artículo 105 de la Constitución, modificado en esta reforma, establece que son improcedentes las impugnaciones a reformas constitucionales. Además, el artículo 107, también modificado, establece que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
A pesar de estos cambios, el magistrado indicó que existen vacíos legales en esta reforma. Mencionó, por ejemplo, que el artículo 61 de la Ley de Amparo, una norma secundaria, establece que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nunca ha emitido jurisprudencia sobre la constitucionalidad de este artículo, dejando abierta una posible vía de defensa.
Desde el punto de vista de los jueces, la reforma podría eventualmente constituir un acto de autoridad y como tal, ser sujeto a un juicio de amparo. Además, el régimen transitorio de esta reforma dicta que “los asuntos en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente decreto”, lo que podría limitar las acciones legales en curso.
El magistrado Olvera concluyó su intervención subrayando que, a pesar de la aprobación de esta reforma, los ciudadanos tienen el derecho de cuestionar si estas disposiciones son constitucionales, planteando una pregunta de fondo sobre la relación entre las reformas del poder legislativo y el marco de derechos en México.
Esta situación mantiene el debate abierto y establece un precedente para futuras reformas en el país, generando expectativas sobre el alcance de los derechos ciudadanos ante cambios constitucionales en un contexto político cada vez más complejo.
