El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) hizo un llamado al Congreso local para precisar los detalles de una posible elección de jueces y magistrados en 2025. Ernesto Ramos, consejero del IECM y presidente del Grupo de Trabajo para Elección del Poder Judicial, advirtió que la falta de claridad sobre el proceso complica la planificación logística y presupuestaria, y calcula que esta elección podría costar más de 100 millones de pesos, una cifra significativa que podría requerir ampliaciones presupuestarias.
¿Cómo afecta el presupuesto?
La propuesta preliminar del IECM para 2025 contempla un gasto que supera los 100 millones de pesos si se decide elegir a los jueces, aunque Ramos advirtió que esta cifra podría crecer considerablemente si el Congreso determina que la elección abarcará más materias judiciales. En comparación, explicó que la elección pasada de alcaldes, diputados y jefatura de gobierno costó alrededor de 100 millones de pesos solo para imprimir las tres boletas necesarias. Si en 2025 se llega a imprimir una boleta para cada una de las 17 materias judiciales, el costo podría elevarse hasta 566 millones de pesos, considerando el actual universo de ocho millones de votantes.
“Imprimir tres boletas para ocho millones de votantes costó cerca de 100 millones de pesos el pasado junio. Si la elección incluye boletas para 17 materias, podríamos estar hablando de 566 millones en total,” explicó Ramos, destacando la necesidad de prever recursos adicionales.
Fecha límite para definir presupuesto y logística
El IECM tiene hasta el 30 de octubre para presentar su propuesta de presupuesto para 2025 al Congreso local, pero la falta de información concreta impide incluir una estimación precisa para esta elección. Sin un marco definido sobre el número de jueces y magistrados a elegir, el IECM anticipa que será necesario solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Administración y Finanzas en caso de que se determine proceder con la elección de jueces en 2025.
Ramos subrayó que mientras esperan una decisión del Congreso, el IECM trabaja en la elaboración de varios escenarios que incluyen no solo costos, sino también tiempos, protocolos y personal necesario para coordinar una elección de este tipo.
“Queremos fijar algunos parámetros de lo que implicaría una elección de jueces y magistrados, como el número de boletas, materiales electorales, tiempos de producción y personal necesario. Sin claridad por parte del Congreso, esto es esencial,” añadió el consejero.
Desafío logístico para elección
Además del presupuesto, el IECM enfrenta el desafío logístico de adaptar el sistema electoral para una elección del Poder Judicial. Ernesto Ramos mencionó que uno de los puntos de análisis es cuánto tiempo tomará a los ciudadanos votar en una elección de esta naturaleza, comparado con el proceso de votación para el Legislativo y Ejecutivo.
Los cálculos del IECM incluyen preguntas como: ¿Cuánto tiempo adicional tomará un elector para seleccionar a sus jueces? ¿Es más conveniente realizar los cómputos de votos en las casillas o trasladarlos a los consejos distritales? Estas interrogantes son parte de los distintos escenarios que el IECM está diseñando para optimizar el proceso y responder a posibles imprevistos.
“Nos encontramos explorando varios modelos de votación y conteo de votos. Este ejercicio permitirá establecer el tiempo que tomaría realizar los cómputos y el personal adicional que sería necesario,” explicó Ramos, subrayando que estos escenarios serán presentados al Consejo General del IECM y luego al Congreso local.
Posición del Congreso y Opinión Pública
Por su parte, algunos diputados han expresado sus reservas respecto a los costos y la viabilidad de llevar a cabo esta elección en 2025, aunque aún no han tomado una posición oficial. En tanto, expertos en materia judicial y electoral han comentado que una elección de jueces y magistrados podría ser un avance hacia la democratización del sistema judicial, pero han señalado que el costo y los riesgos logísticos deben ser ponderados con cautela.
En el sector público, organizaciones de la sociedad civil también han manifestado su interés en observar este proceso, ya que la elección directa de jueces podría significar un cambio significativo en la relación de la ciudadanía con el sistema judicial. Sin embargo, subrayan la necesidad de una amplia difusión de información y transparencia en cada paso del proceso, desde la decisión inicial hasta la logística y ejecución del día de la votación.
Con la fecha límite del 30 de octubre aproximándose, el IECM espera recibir una respuesta del Congreso en las próximas semanas para ajustar su propuesta presupuestaria. Una vez aprobada la propuesta del presupuesto, el Instituto anticipa que los siguientes pasos incluirán la definición de protocolos específicos para la producción y distribución de boletas, la contratación y capacitación del personal necesario y el despliegue de una campaña informativa para que la ciudadanía esté informada sobre el proceso.
“La sociedad necesita estar bien informada sobre esta elección, ya que el Poder Judicial es un pilar fundamental en nuestra democracia. Queremos que los ciudadanos conozcan quiénes son los candidatos, sus méritos y la importancia de este ejercicio,” enfatizó Ernesto Ramos.
De cara a 2025, el IECM se encuentra en una fase de espera y las decisiones que tome el Congreso local serán cruciales para definir el alcance de esta elección. Si se avanza con la elección de jueces, la capital del país podría enfrentar uno de los procesos electorales más complejos en términos logísticos y financieros. Para el IECM, la claridad en los detalles será esencial para cumplir con las exigencias ciudadanas sin desbordar los recursos públicos.
Este debate en torno al costo y viabilidad de la elección de jueces y magistrados subraya el constante desafío de equilibrar la transparencia democrática con la eficiencia presupuestaria en la Ciudad de México.
