La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso firme hacia la austeridad al aprobar una serie de recortes salariales para sus altos mandos, incluyendo a los 11 ministros, como parte de su presupuesto para 2025.
Con este ajuste, que se alinea a las disposiciones del gobierno federal, los salarios de estos funcionarios se ubicarán por debajo de las percepciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. La decisión se tomó en una sesión privada, en la que el pleno aprobó su solicitud presupuestaria para el próximo año, que asciende a 5,922.9 millones de pesos.
Reducción salarial en cumplimiento al decreto de Reforma Judicial
La SCJN informó que este ajuste responde a lo establecido en el artículo séptimo transitorio del decreto de reforma judicial, que exige una reducción de los salarios de altos funcionarios. “Se ajustaron a la baja las remuneraciones de ministras, ministros y de los servidores públicos de mando para cumplir con lo dispuesto en el mencionado decreto”, señaló el organismo.
En la discusión, la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández destacó la importancia de seguir una política de austeridad en un contexto de recortes presupuestales cada vez mayores, como el que la Cámara de Diputados aplicó este año, reduciendo 321.9 millones de pesos a la SCJN, el recorte más grande en una década.
Datos detrás de la propuesta presupuestaria
La SCJN ha presentado un presupuesto 1.4% menor al del año pasado, en términos reales, considerando la inflación estimada por el Banco de México para 2024. Este presupuesto contempla una disminución de 4.1% en servicios personales, a los cuales se destinarán 4,813.2 millones de pesos. Esto implica que el 80% del presupuesto solicitado se dedicará a salarios y prestaciones, un aspecto clave para garantizar la operatividad de las labores jurisdiccionales y administrativas.
La SCJN cuenta actualmente con 3,805 plazas vigentes, de las cuales dos tercios corresponden a labores directamente relacionadas con la impartición de justicia. La ministra Piña subrayó que “el capital humano es el pilar del Tribunal”, por lo que los ajustes salariales se han realizado cuidando el respeto a los derechos laborales de los servidores públicos del Alto Tribunal, conforme a las Condiciones Generales de Trabajo vigentes.
Votos en contra y posturas divergentes
Aunque la mayoría del pleno aprobó el presupuesto, hubo discrepancias entre los ministros. Las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz votaron en contra del proyecto propuesto por la ministra Piña. Sus argumentos giraron en torno a los efectos de la austeridad en el desempeño del poder judicial, señalando que una reducción adicional podría comprometer la independencia y calidad de los servicios de justicia. Sin embargo, la ministra Piña defendió la propuesta, argumentando que “la racionalidad y contención del gasto” son esenciales para responder a la creciente demanda de servicios judiciales sin comprometer su eficiencia.
La política de austeridad que sigue la SCJN se da en un momento en el que diversas instituciones federales se ven afectadas por ajustes presupuestarios. A pesar de los recortes, el Alto Tribunal ha podido mantener la prestación de sus servicios y atender el aumento de casos. En los últimos cinco años, la SCJN ha ejercido, en promedio, casi el 99% de los presupuestos autorizados por la Cámara de Diputados, lo que demuestra su compromiso con una administración eficiente y responsable.
Para este año, la SCJN ha implementado medidas para optimizar recursos y reducir el gasto, especialmente en áreas administrativas y operativas. La SCJN ha logrado, con su política de austeridad, ampliar sus servicios sin comprometer su calidad, aunque las necesidades siguen creciendo debido al aumento en la demanda de servicios judiciales en todo el país.
Impacto en el Poder Judicial
Este ajuste presupuestal también representa un reto para el Poder Judicial en su conjunto, ya que busca mantener su autonomía y capacidad de respuesta en un contexto de mayor demanda y limitaciones de recursos. La ministra Piña enfatizó que, pese a las restricciones, la SCJN seguirá trabajando para garantizar una justicia pronta y expedita.
Sin embargo, varios expertos en temas judiciales han señalado que estos recortes podrían tener implicaciones en la capacidad del Poder Judicial para atraer y retener a personal capacitado, especialmente en un entorno donde los salarios competitivos son fundamentales para contar con los mejores talentos en el ámbito de la justicia.
Además del ajuste de salarios, la SCJN ha expresado su compromiso con la transparencia en el uso de recursos. A través de su política de austeridad y eficiencia, el Alto Tribunal busca ser un ejemplo de administración responsable en el manejo de fondos públicos, garantizando que cada peso asignado se destine a la mejora y fortalecimiento de los servicios de justicia en el país.
Por último, el presupuesto deberá ser enviado a la Cámara de Diputados antes del 5 de noviembre, donde será evaluado junto con el resto de las solicitudes de las dependencias federales.
