El Senado de la República, con una votación mayoritaria de 81 votos a favor y 31 en contra, aprobó que el Poder Ejecutivo desacate una orden judicial emitida por la jueza federal Nancy Juárez Salas, que exigía la retirada de la Reforma Judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF). Esta controvertida decisión ha generado un intenso debate en el ámbito legislativo y judicial.
El bloque mayoritario de Morena, PVEM y PT respaldó la propuesta presentada por Ernestina Godoy, titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), quien argumentó que la orden judicial carecía de viabilidad legal y material. Godoy calificó la resolución de la jueza Juárez como una “violación” a las facultades del Constituyente Permanente, subrayando que el Ejecutivo había cumplido con los mandatos legislativos.
La Reforma Judicial, que ha generado polarización, establece la elección de jueces y magistrados mediante voto popular a partir de julio de 2025. Esta medida fue publicada en el DOF, pero la jueza Juárez ordenó su anulación debido a que, según su fallo, violaba una suspensión provisional dictada en septiembre.
Posturas a favor y en contra
El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, fue uno de los principales críticos de la decisión del Senado. Castañeda advirtió que el desacato judicial pone en riesgo la independencia del Poder Judicial y politiza un tema que, según él, debería resolverse exclusivamente desde el ámbito jurídico. También subrayó la importancia de que la Presidencia de la República utilice los cauces legales correspondientes para impugnar la resolución judicial, en lugar de recurrir al respaldo político del Senado.
Por su parte, Ernestina Godoy defendió la postura del Ejecutivo Federal, argumentando que la decisión de la jueza Juárez era inviable tanto desde el punto de vista legal como operativo. Aseguró que el Ejecutivo no violó ninguna norma, ya que cumplió con los procedimientos establecidos por el Congreso para la publicación de la Reforma Judicial en el DOF.
Consecuencias políticas y legales
El desacato a una orden judicial es un tema altamente delicado que podría tener repercusiones a nivel político y constitucional. Mientras los partidos opositores, como PAN, PRI y PRD, señalan la posible erosión de la independencia judicial, los defensores de la medida sostienen que el fallo judicial interfiere indebidamente en los procesos legislativos.
Este episodio podría sentar un precedente en las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y abre la puerta a futuros conflictos legales y políticos sobre el equilibrio de poderes en México.
La votación final del Senado y el respaldo al Ejecutivo reflejan una creciente tensión entre quienes defienden la independencia del Poder Judicial y aquellos que apoyan las reformas impulsadas por el gobierno federal.
