El Senado de la República dio un paso importante en la consolidación de la igualdad de género en la política mexicana. Con el voto unánime de Morena y sus aliados, y la notable ausencia de la oposición, las comisiones unidas del Senado aprobaron una reforma constitucional que obliga la alternancia de género en la Presidencia de la República, gubernaturas y presidencias municipales.
Esta reforma, que modifica el artículo 41 de la Constitución, establece que los cargos ejecutivos de los tres niveles de gobierno deberán alternarse entre hombres y mujeres, garantizando así una paridad de género que ya había sido impulsada por el Instituto Nacional Electoral (INE) en elecciones anteriores, pero sin un sustento legal claro.
Contenido de la reforma
La propuesta, respaldada por el oficialismo, introduce cambios profundos en el marco legal mexicano, buscando asegurar la paridad de género en la política en todos los niveles. De acuerdo con la reforma, “los nombramientos de las personas titulares en la administración pública del Poder Ejecutivo federal y sus equivalentes en las entidades federativas y municipios deberán observar el principio de paridad de género. Las leyes determinarán las formas y modalidades que correspondan”.
Esto implica que, a partir de su entrada en vigor, los cargos de mayor relevancia en el Ejecutivo se alternarán entre hombres y mujeres, marcando un hito en la lucha por la igualdad de género en la política.
Esta disposición va más allá de lo que hasta ahora se había implementado en México. Aunque el INE ya había tomado medidas para obligar a los partidos políticos a presentar candidatas mujeres en las elecciones a gubernaturas, la reforma constitucional solidifica esta medida y la expande para incluir todos los niveles de gobierno. En resumen, la alternancia de género será obligatoria no solo para las gubernaturas, sino también para la Presidencia de la República y las alcaldías en todo el país.
Importancia de la reforma
La senadora Ana Lilia Rivera, una de las principales promotoras de la reforma, subrayó la relevancia de este cambio legal. “Hoy más que nunca debemos asegurar que las mujeres estén presentes en todos los espacios de toma de decisiones, no como un gesto simbólico ni como una concesión, sino como un derecho indiscutible por el que hemos luchado por generaciones”, afirmó Rivera durante la sesión de votación.
La reforma es vista como un avance significativo para consolidar la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con los hombres. Al establecer la alternancia de género como un principio constitucional, México se coloca a la vanguardia en la región, asegurando que los cargos ejecutivos de alto nivel estén siempre ocupados por representantes de ambos géneros de manera alternada.
Además, la propuesta presidencial, que fue aprobada sin contratiempos en comisiones, establece que el Congreso de la Unión y los Congresos estatales tendrán plazos de 90 y 180 días, respectivamente, para realizar las adecuaciones legales necesarias. Esto significa que la alternancia de género se implementará en las elecciones de 2025 para gubernaturas y alcaldías, así como en la próxima elección presidencial.
Ausencia de la oposición
Un aspecto que llamó la atención durante la aprobación de la reforma fue la ausencia de los grupos de oposición, como el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Aunque no participaron en la votación, ya han manifestado en varias ocasiones su apoyo a la paridad de género. Sin embargo, su ausencia fue interpretada por algunos analistas como un desacuerdo con el procedimiento apresurado que se siguió para la aprobación de la reforma.
En este sentido, algunos sectores han criticado la falta de debate y la celeridad con la que Morena y sus aliados han impulsado esta iniciativa. La senadora Xóchitl Gálvez, del PAN, señaló en días anteriores que “la alternancia de género es necesaria, pero debe discutirse con mayor profundidad y en consenso”. Sin embargo, a pesar de estos señalamientos, Morena logró aprobar la reforma sin mayores obstáculos en comisiones, lo que augura una rápida votación en el pleno del Senado.
Implicaciones para las próximas elecciones
Con esta reforma, el panorama electoral de México cambiará drásticamente. A partir de las próximas elecciones, las reglas del juego obligarán a que los cargos ejecutivos más altos sean ocupados de manera alternada por hombres y mujeres. Esto afectará tanto a los partidos políticos, que deberán ajustar sus estrategias para cumplir con la normativa, como a los propios candidatos, que tendrán nuevas oportunidades y desafíos.
En particular, la reforma tendrá un impacto directo en las elecciones presidenciales de 2030. Según lo establecido, si en 2024 una mujer gana la Presidencia de la República, el siguiente presidente deberá ser un hombre, y viceversa. Esta alternancia de género también se aplicará a las gubernaturas y alcaldías, lo que obligará a los partidos políticos a garantizar que sus candidaturas se ajusten a la nueva normativa.
Otros aspectos de la reforma: feminicidios como delitos federales
Junto con la paridad de género, la reforma también incluye medidas importantes en materia de derechos de las mujeres y protección contra la violencia de género. Uno de los puntos más relevantes es la disposición de elevar a nivel federal los delitos de feminicidio y otras formas de violencia contra las mujeres, lo que permitirá a las autoridades federales intervenir en casos de violencia de género que actualmente corresponden al fuero común.
El objetivo de esta medida es reforzar la protección de las mujeres en todo el país, especialmente en aquellos estados y municipios donde la respuesta a la violencia de género ha sido deficiente. “Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero común cuando éstos tengan conexión con delitos federales o cuando afecten a personas o instalaciones que limiten el derecho a la información o las libertades de expresión”, señala la reforma.
La creación de fiscalías especializadas en la investigación de delitos de género también forma parte de esta propuesta. Estas fiscalías tendrán la tarea de investigar de manera exhaustiva y efectiva los casos de violencia contra las mujeres, buscando garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia.
Además de la paridad de género, la reforma incluye medidas cruciales para combatir la violencia de género, como la federalización de los delitos de feminicidio y la creación de fiscalías especializadas en la investigación de estos casos. Con estas acciones, México busca consolidar un sistema político más inclusivo y equitativo, donde las mujeres tengan un papel protagonista en la toma de decisiones y donde se garanticen sus derechos a vivir una vida libre de violencia.
