El Instituto Nacional Electoral (INE) ha decidido poner en pausa el proceso para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros, a la espera de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva una serie de amparos que afectan los preparativos. Esta pausa es vista como un reflejo de las tensiones legales y políticas que rodean la reciente reforma judicial en México, la cual busca modificar profundamente el sistema de justicia del país.
Suspensión de los trabajos: Impasse necesario
El pasado 23 de septiembre, el INE tomó la última decisión significativa relacionada con los comicios judiciales, cuando se modificó el reglamento de sesiones del Consejo General y se nombró a la comisión temporal encargada de vigilar los trabajos para cumplir con la reforma judicial. Esta comisión, presidida por el consejero Jorge Montaño, debía liderar el proceso de elección, pero aún no ha podido instalarse debido a los recursos legales interpuestos por jueces y trabajadores del Poder Judicial.
Claudia Suárez, secretaria ejecutiva del INE, presentó una queja ante la Sala Superior del TEPJF contra los amparos otorgados a los trabajadores del Poder Judicial. Estos amparos han sido utilizados para detener temporalmente el proceso de elección, lo que ha generado incertidumbre sobre los próximos pasos.
Mientras tanto, el INE enfrenta la necesidad de adecuar su reglamentación y procedimientos a las leyes secundarias recientemente aprobadas, que establecen nuevas reglas para los comicios judiciales. Uno de los retos es contratar a capacitadores electorales y realizar la insaculación de los ciudadanos que serán convocados como funcionarios de casilla, algo que se debería completar antes de febrero de 2025.
El INE ha sido cuidadoso en su manejo de la situación, evitando precipitarse mientras espera la resolución del TEPJF. Sin embargo, la pausa en el proceso plantea varios desafíos. El tiempo apremia, y los plazos para organizar una elección de esta magnitud son ajustados. La logística incluye desde la contratación de personal hasta la adquisición de material electoral, pasando por la capacitación de los ciudadanos que participarán en las casillas.
Desde el INE, han señalado que cualquier retraso en la resolución de los amparos podría comprometer la capacidad del instituto para llevar a cabo una elección exitosa. “Tenemos que respetar los tiempos legales, pero también estamos preparados para actuar en cuanto tengamos luz verde del tribunal”, comentó una fuente cercana al instituto.
Presión desde el gobierno federal
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha dejado clara su postura. Durante su conferencia mañanera llamó al INE a seguir adelante con la organización de la elección de jueces, afirmando que “no hay ningún amparo que pueda evitar que se realice”. La presidenta señaló que la reforma judicial fue aprobada conforme a las disposiciones de la Constitución y que debe cumplirse de manera íntegra.
Sheinbaum enfatizó que la reforma es una decisión del pueblo de México, reflejada en el resultado de las últimas elecciones. “Es la nueva Constitución, y las y los consejeros deben seguir lo que establece”, afirmó la mandataria, subrayando que los amparos no deberían ser un obstáculo para cumplir con lo que ella considera un mandato popular.
Amparos y la resistencia del Poder Judicial
Los amparos otorgados a jueces, magistrados y otros trabajadores del Poder Judicial representan una resistencia considerable contra la reforma judicial. Estos recursos legales han sido interpuestos por quienes ven en la reforma una amenaza a la independencia judicial y a las condiciones laborales del personal del sistema de justicia. En particular, los críticos de la reforma argumentan que la elección de jueces y magistrados a través de comicios populares podría politizar aún más el Poder Judicial, afectando su imparcialidad.
El TEPJF ahora debe decidir si estos amparos tienen fundamento o si el proceso electoral puede continuar sin impedimentos. Mientras tanto, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) también ha tomado medidas para sancionar a los empleados judiciales que participen en las huelgas y paros laborales contra la reforma, lo que añade una capa adicional de tensión en el conflicto.
En este sentido, la pausa impuesta por el INE no solo afecta los tiempos electorales, sino que también pone en evidencia las tensiones entre los diferentes poderes del Estado. Mientras el Ejecutivo presiona para avanzar con la reforma, el Poder Judicial y el INE buscan mantener el equilibrio institucional, respetando los procesos legales y garantizando que cualquier cambio se haga de manera ordenada y constitucional.
