La reciente decisión del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de reanudar las actividades en los tribunales y juzgados del país ha generado un intenso debate en el ámbito judicial. A través de la circular 22/2024, emitida el pasado 16 de octubre, el CJF anunció que todos los tribunales y juzgados federales retomarían sus labores para evitar que los trabajadores enfrenten responsabilidades administrativas por ausentarse de sus funciones.
Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con resistencia por parte de los empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF), quienes han decidido mantener el paro en al menos 22 estados, argumentando que no existen condiciones adecuadas para regresar a sus labores.
¿Por qué continúa el paro?
El paro de los trabajadores del PJF tiene sus raíces en la protesta contra la reciente reforma judicial, que ha sido calificada como una amenaza a los derechos laborales y a la autonomía del Poder Judicial. Desde el inicio de las manifestaciones, las movilizaciones han crecido en varias entidades del país, como Puebla, Ciudad de México, Veracruz, Chihuahua y Coahuila, entre otras. En cada una de estas regiones, los empleados han sostenido que no están dispuestos a regresar a sus puestos hasta que se garanticen condiciones laborales justas y se respeten sus derechos.
En la Ciudad de México, por ejemplo, jueces y magistrados de diferentes salas civiles se manifestaron frente al edificio de salas, exigiendo una mesa de diálogo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con el CJF para abordar sus demandas. “No es solo una cuestión de volver a trabajar. Es una lucha por la defensa de nuestros derechos laborales y por mantener la independencia del Poder Judicial”, comentó uno de los manifestantes, quien prefirió mantenerse en el anonimato.
Postura del Consejo de la Judicatura Federal
Por otro lado, el CJF ha insistido en que el regreso a las actividades no implica que se esté tomando represalias contra los trabajadores que se han unido al paro. En la circular 22/2024, se establece que no se iniciarán procedimientos de responsabilidad de manera oficiosa contra los empleados que hayan participado en las protestas. Sin embargo, se enfatiza que los titulares de los tribunales y juzgados deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones administrativas, como el control de asistencia, para asegurar el funcionamiento del servicio público de impartición de justicia.
El documento también reafirma el compromiso del CJF de implementar a la brevedad los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo previas, como se mencionó en la circular 21/2024. No obstante, esto no ha sido suficiente para los trabajadores que continúan en paro, quienes consideran que sus demandas no han sido atendidas de manera adecuada.
Extensión del paro en los estados
A pesar de los esfuerzos del CJF por reanudar las labores, el paro se mantiene en al menos 22 entidades del país. En Coahuila, Aldo Cruz, secretario del Juzgado del Quinto Distrito con sede en Saltillo, informó que el paro de labores se prolongará al menos hasta el 18 de octubre, asegurando que no existen condiciones para un regreso seguro a las actividades. “Seguimos en espera de que se abran canales de diálogo efectivos, y hasta entonces, no regresaremos a nuestras funciones”, declaró.
En otros estados como Puebla, Zacatecas, Veracruz y Baja California, los trabajadores del PJF han seguido con las movilizaciones, organizando marchas y bloqueos en protesta contra la reforma judicial. En Baja California, por ejemplo, los empleados judiciales bloquearon el tránsito hacia la Vía Rápida Oriente, que conecta con la garita de San Ysidro, generando un caos vehicular en la zona.
Advertencias
El CJF advirtió a los trabajadores en paro que, si no regresan a sus labores, se tomarán en cuenta las faltas, lo que podría generar consecuencias administrativas en el futuro. A pesar de esta advertencia, los empleados en huelga han dejado claro que continuarán con sus movilizaciones hasta que se resuelvan sus demandas. “Estamos dispuestos a asumir las consecuencias, pero no vamos a ceder ante una reforma que pone en riesgo nuestro trabajo y los principios del Poder Judicial”, declaró un representante del sindicato de trabajadores judiciales en Veracruz.
En Yucatán, los empleados del PJF señalaron que su movimiento no solo busca mejorar las condiciones laborales, sino también proteger los derechos fundamentales de los trabajadores. “Nos están dejando sin opción, y esto es solo el comienzo. No vamos a permitir que se sigan vulnerando nuestros derechos”, aseguró uno de los líderes sindicales en una manifestación frente a los juzgados de Mérida.
El conflicto entre el CJF y los trabajadores del PJF parece estar lejos de resolverse. Mientras el consejo busca mantener el funcionamiento de los tribunales y juzgados para evitar mayores afectaciones en el servicio de justicia, los trabajadores siguen firmes en su posición de no regresar a sus labores hasta que se atiendan sus demandas.
El paro ha generado una creciente preocupación entre los usuarios del sistema de justicia, quienes se han visto afectados por el retraso en la resolución de casos y la suspensión de audiencias. Además, algunos expertos han advertido que la falta de un acuerdo podría tener consecuencias a largo plazo en la operación del Poder Judicial y en la confianza del público en las instituciones.
Este conflicto ha puesto en jaque el funcionamiento del sistema de justicia en México, y aunque las mesas de diálogo han avanzado, las demandas de los trabajadores no han sido plenamente satisfechas. La incertidumbre sobre si las actividades del CJF se normalizarán o si el paro continuará dependerá de la capacidad de ambas partes para alcanzar un acuerdo que permita reestablecer la confianza y garantizar el funcionamiento del servicio público de justicia en todo el país.
