El juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, llegó al día cero el pasado 16 de octubre, cuando la Corte de Brooklyn, en Estados Unidos, dictó una sentencia de 38.5 años de prisión en su contra por su implicación con el narcotráfico.
Este caso, que ha sacudido las estructuras políticas y sociales de México, ha generado una serie de reacciones en el ámbito público, confrontando posiciones entre el expresidente Calderón y del dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.
Felipe Calderón: “Nunca tuve evidencia verificable”
Pocas horas después de que se dictara la sentencia, el expresidente Felipe Calderón recurrió a sus redes sociales para asegurar que nunca tuvo evidencia verificable que vinculara a García Luna con actividades ilícitas durante su mandato. Calderón expresó en su mensaje que tampoco recibió información de agencias de inteligencia nacional o extranjera que relacionaran al exsecretario con el crimen organizado.
“Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras, que entonces confiaban en él e interactuaban con él”, escribió Calderón en uno de sus tuits. Este mensaje dejó en claro que, a pesar de las investigaciones que llevaron a la condena de García Luna, él no tuvo acceso a las pruebas ni a los testimonios presentados en el juicio en Estados Unidos.
Calderón también mencionó que respeta la decisión de los tribunales, afirmando que “quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos”. Sin embargo, su postura ha generado un debate intenso sobre su responsabilidad como jefe del Ejecutivo en los eventos que involucraron al ex secretario de Seguridad Pública.
Lucha contra el crimen organizado: Batalla que Calderón volvería a enfrentar
En su mensaje, Calderón también se refirió a la lucha contra el crimen organizado que encabezó durante su sexenio. A pesar de los cuestionamientos, aseguró que, de tener la oportunidad, volvería a enfrentar al narcotráfico, ya que considera que fue lo correcto tanto desde una perspectiva legal como moral y política.
“El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes”, afirmó Calderón, subrayando que su decisión fue parte de una estrategia para proteger a la ciudadanía. Esta afirmación generó una oleada de reacciones en redes sociales y en la opinión pública, donde se debate si la “guerra contra el narco” fue efectiva o si exacerbó los niveles de violencia en el país.
Marko Cortés exige explicaciones a Calderón
El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, también reaccionó a la sentencia de García Luna, pero su postura fue más crítica hacia el expresidente Calderón. Durante una conferencia de prensa en el Senado, Cortés pidió a Calderón que aclare si estaba al tanto de las actividades ilícitas de García Luna y, de no ser así, que explique por qué no lo sabía.
“Él tendría que dar toda la explicación de por qué lo invitó y qué fue lo que pasó para que se coludiera con el crimen organizado. Y si no se enteró, por qué no se enteró. Porque al final de cuentas, el Ejecutivo Federal es responsable también de todo, de su equipo de gobierno”, dijo Cortés ante los medios. Estas declaraciones intensificaron el debate político sobre la responsabilidad de Calderón en el ascenso de García Luna a posiciones clave dentro de su administración.
Previo a la dictaminación de sentencia a García Luna, el panista Cortés también expresó su deseo de que la sentencia fuera proporcional a los delitos cometidos. “No queremos que se presenten más Garcías Lunas en nuestro país. Nosotros queremos que quien la haya hecho, la pague, sea del gobierno que sea”, señaló el líder del PAN, dejando en claro que la postura del partido es firme en que se aplique la ley sin importar el color del gobierno al que pertenezca el funcionario acusado.
Caso que sacude las bases políticas de México
El caso de Genaro García Luna ha puesto en el centro del debate la relación entre altos funcionarios públicos y el crimen organizado. Durante su gestión como secretario de Seguridad Pública, García Luna fue el encargado de coordinar la estrategia de combate al narcotráfico, pero las acusaciones que pesaron sobre él y que finalmente llevaron a su condena lo vinculan con los cárteles de la droga, a quienes supuestamente proporcionaba protección a cambio de sobornos millonarios.
El juicio de García Luna no solo afecta su imagen personal, sino que también ha puesto en tela de juicio la política de seguridad del sexenio de Calderón y, en consecuencia, la de otros gobiernos que siguieron esa misma línea. Con la condena de García Luna, se cuestiona el papel de los altos mandos que en su momento confiaron en él para liderar la lucha contra el crimen organizado.
El caso de Genaro García Luna y su vinculación con el narcotráfico marca un antes y un después en la lucha contra el crimen organizado en México. Su condena no solo representa el castigo de un individuo, sino que también cuestiona la capacidad del Estado para garantizar que aquellos a quienes se les confía la seguridad del país no se vean involucrados en actividades delictivas.
